La compañía incumple la Ley de Morosidad, que obliga a abonar a los proveedores en un máximo de 60 días, pese a la reestructuración financiera firmada hace un año.
Abengoa sigue teniendo graves problemas financieros pese a la reestructuración firmada en marzo de 2017, que le evitó caer en concurso de acreedores. Lo ponen de manifiesto sus tensiones de liquidez, como demuestra el que tiene en el cajón facturas vencidas y no pagadas por 583 millones de euros. Lo peor es que el plazo en que la compañía andaluza abona sus obligaciones contractuales se ha disparado hasta los 463 días, casi ocho veces por encima del periodo exigido por la Ley de Morosidad.
Según la memoria anual de la sociedad, Abengoa tenía al cierre de 2017 deudas con proveedores y otras cuentas a pagar vencidas y no pagadas (incluido el principal y los intereses) por 583 millones. La cifra, pese a lo abultada, puede considerarse positiva si se tiene en cuenta que un año antes estos impagos ascendían a 974 millones. Pero representa casi el 40% de las ventas que facturó el grupo sevillano en los últimos 12 meses (1.479 millones).
En cualquier caso, el número que describe que Abengoa continúa con esos apuros de tesorería es que el periodo medio de pago a proveedores de todas las sociedades del grupo domiciliadas en España es de 463 días. Se trata de una demora en el abono de las facturas pendientes que casi duplica los 254 días que tardaba en cumplir con sus deberes en 2016, cuando estuvo a punto de quebrar. La compañía, presidida por Gonzalo Urquijo, explica que “durante todo el proceso de reestructuración, se ha producido un retraso generalizado de pagos a proveedores que se está resolviendo caso a caso con cada proveedor”.
“Al cierre de 2017, tenía deudas con proveedores y otras cuentas a pagar vencidas y no pagadas (incluido principal e intereses) por 583 millones.”
En este sentido, las mismas fuentes oficiales añaden que “en todas las transacciones de la nueva Abengoa, los plazos de pago son muy cortos, y sin haber una norma fija establecida podemos decir que se mueven entre 30 y 60 días dependiendo del caso. Lo determinan cuestiones como el país, el proyecto, los mecanismos de pagos y garantías, etc…”. Lo que se denomina Nueva Abengoa arrancó en marzo de 2017, cuando se firmó la reestructuración que redujo la deuda desde los 12.258 millones hasta los 5.491 millones actuales.
Según la Ley de Morosidad, que fue aprobada en diciembre de 2010 y entró en vigor en enero de 2013 para evitar que numerosas pymes entrasen en concurso de acreedores al no cobrar en un tiempo razonable sus trabajos, el periodo medio de pago con las administraciones es de 30 días, mientras que entre empresas privadas es de 60.
Una sentencia del Tribunal Supremo de finales de 2016 indica que “todos aquellos pactos”, entre contratistas y subcontratistas, que excedan del límite temporal de 60 días naturales —como marca la ley— resultarán “nulos de pleno derecho” por contravenir el Código Civil. El alto tribunal va más allá y, en relación a una denuncia de una empresa que cobraba a los 180 días, calificó este periodo como “desproporcionado “y “abusivo”.
PETICIÓN DE CONCURSO
Esta situación ha provocado que algunos proveedores hayan exigido el cobro de sus deudas vía judicial. Es el caso de Indes Technics & Solutions, empresa de servicios de grupos industriales, que ha solicitado la declaración de concurso necesario de Abener, filial de Abengoa, en el juzgado mercantil de Sevilla. La pyme reclama 1,5 millones por obras realizadas en Polonia y no cobradas.
Abengoa ya exigió un duro sacrifico a sus suministradores con motivo de la reestructuración financiera. De hecho, les aplicó una quita de 300 millones de euros y acordó diferir el pago de hasta 688 millones, sobre una factura total con proveedores de 4.380 millones.
Curiosamente, a 30 de septiembre de 2015, pese a los graves problemas por los que ya atravesaba la compañía, Abengoa no admitía tener una factura sin abonar a sus subcontratistas. Pero la declaración posterior de preconcurso voluntario en noviembre de 2016 y las posteriores negociaciones con los acreedores y el juez para evitar la quiebra la obligaron a aflorar impagos por algo más de 1.000 millones de euros.
Fuente: El Confidencial
