En septiembre, senadores de oposición presentaron en el Congreso una moción para regular algunas imperfecciones y vacíos legales en el funcionamiento de plantas desalinizadoras en el país, que este martes se respaldó en segundo trámite en general, aunque con reparos.
De esta forma, también se crea una Estrategia Nacional de Desalinización y se regula la instalación de plantas de este tipo, además de facultar al Estado para llevar a cabo actividades empresariales.
El proyecto es patrocinado por los senadores Adriana Muñoz, Isabel Allende, Alejandro Guillier, Felipe Harboe y Jorge Pizarro. Fue aprobado en esta instancia por 24 votos a favor, 13 en contra y 3 abstenciones.
El objetivo es cubrir aquellas imperfecciones legales que comenzaron a descubrirse con el aumento de proyectos para instalar estas plantas, las que han carecido de la planificación adecuada por no existir esta normativa de gestión de recursos hídricos.
Lee también…
Iluminación para planta desalinizadora en Coliumo causa pugna entre pescadores y municipio
Así, el resultado es preferentemente para “consumo humano, doméstico y el saneamiento; el uso eficiente, armónico y sustentable del borde costero; evitar daños ambientales; recuperar acuíferos terrestres sobreexplotados, entre otros”, sostiene el sitio Web del Senado.
Con esto, el agua resultante del proceso sigue manteniéndose como bien nacional de uso público.
La moción dispone que el agua desalada sólo podrá ser aprovechada por los titulares de la concesión marítima, en la cantidad y con el objetivo con que fue requerida, debiendo restituir a uno o más acuíferos cualquier exceso en las condiciones adecuadas para no producir daño al medio ambiente.
Reacciones
Quienes se opusieron a la moción, plantearon que el instrumento es innecesario porque el Ministerio tendría las facultades para construir estas plantas desalinizadoras.
Mariana Concha, directora general de Obras Públicas, indicó que los proyectos desalinizadores precisan concesión marítima, permisos ambientales del SEIA y una servidumbre para el traslado.
La senadora Adriana Muñoz argumentó que la sequía implica que el Estado participe y que la normativa permitirá un mayor análisis. “Se debe hacer un esfuerzo para un ordenamiento definido para las plantas, su propiedad, uso de agua tratada, cuidado al medio ambiente y protección de borde costero”.
“Han surgido una gran cantidad de plantas privadas en el borde costero, con un costo medio ambiental y de uso de energía; aquí no hay una reglamentación clara”, sostuvo Allende.
Por otro lado, Ena Von Baer señaló que el proyecto no es necesario. “Creo que el proyecto de ley no apunta a la problemática que se quiere mejorar. Se trata de regular esta actividad, hay que ordenar el borde costero pero este es un proyecto que, de manera etérea, plantea la posibilidad que el Estado pueda fomentar este tipo de plantas y hoy el Estado ya lo puede hacer”.
Así, Rodrigo Galilea se sumó a los comentarios de Von Baer. “Se ha dicho en todos los tonos que esta posibilidad el fisco ya la tiene. Empresas del Estado, como Codelco, no tiene ningún impedimento. Este proyecto no está resolviendo nada, porque esto ya está resuelto, es inútil”, expresó.
Tras el respaldo general de la sala, las indicaciones para el proyecto se recibirán hasta el lunes 22 de octubre.
Fuente : https://www.biobiochile.cl/
