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R&Q Concesiones impulsa una cartera de US$ 1.400 millones en iniciativas privadas

diciembre 16, 2018

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La compañía, si bien destaca la decisión de las autoridades por incrementar la participación de los privados en la generación de iniciativas, cree que es necesario restar incertidumbre al sistema.

Asociada a la Constructora Internacional S.A. (CIL), R&Q Concesiones suma actualmente cerca del 10% de la cartera que propone el Ministerio de Obras Públicas (MOP) a los privados. Los proyectos corresponden a cuatro obras viales urbanas e interurbanas de carácter regional, orientadas a entregar soluciones a los altos problemas de congestión y accidentes.

Bajo el modelo de concesiones, presentó los estudios concluyentes de dos proyectos en la Región de Antofagasta, por un monto aproximado de US$ 700 millones: Autopistas de Antofagasta y Rutas del Loa. “El Estado ha declarado y confiado una parte relevante del desarrollo de nuevos proyectos a esta compañía promotora y especializada en infraestructura”, destaca José Luis Galassi Castillo, director de R&Q.

Desde inicios de los años 2000, la compañía ha desplegado al Estado para su calificación, proyectos de concesión de hospitales, plantas desalinizadoras, infraestructura urbana e interurbana, entre otros, haciéndolo, además, en regiones, que son las más carentes de proyectos de alto impacto.

“Somos la empresa chilena con más experiencia en desarrollo y promoción de iniciativas privadas de infraestructura bajo el modelo de concesión. La infraestructura que nace de este grupo de ingenieros, economistas y abogados es prioridad para la actual administración, formando parte de la cartera de licitaciones programadas para el período 2019-2022”.

Oportunidad para inversores

Galassi precisa que R&Q Concesiones conoce y pone en valor inversiones de este tipo, trabajando con el sector público y atrayendo futuros concesionarios, fondos de inversión o de pensiones que tengan interés en uno de los países más seguros para este tipo de retornos, donde por años lidera -junto a Inglaterra, Canadá, Australia, Francia y otros países- el marco regulatorio y financiero más confiable del mundo.

El Banco Mundial publica anualmente su PPP Benchmarking -comparativa mundial sobre la Asociación Público Privada- donde sitúa a Chile entre las 10 economías de la OCDE con un ambiente más próspero en este tipo de inversiones, no únicamente por los niveles de rentabilidad, sino por la seriedad general del modelo.

En este contexto, destaca que R&Q Concesiones contempla mecanismos de mitigación de los riesgos propios de la inversión en etapas tempranas del proyecto, abordando estudios profundos en su ingeniería, esquema jurídico, ambiental, de demanda, participación ciudadana y equilibrio económico financiero, que previenen costos adicionales en etapa de construcción u operación de los proyectos públicos. “Lo hacemos con el rigor obligado cuando se trata del interés general, la experiencia de años en el sector, y nuestra presencia de norte a sur del país”.

A pesar de lo positivo, reconoce también que hay consenso sobre el alto déficit de infraestructura que enfrenta Chile, sin considerar que estos proyectos de inversión impulsan el empleo y el desarrollo económico en las regiones donde están emplazados. “El Estado ha venido incorporando en forma más activa al sector privado en el proceso de desarrollo y financiamiento de proyectos, generando a través del mecanismo de ‘iniciativas privadas’, contemplado en la ley vigente, una alternativa al limitado presupuesto público disponible para financiar estudios y obras de interés nacional”.

Al respecto, destaca que la Ley de Concesiones permite que las empresas que tengan el conocimiento y la experiencia apropiada presenten ideas que cubran las necesidades de la población, y desarrollen los estudios que anteceden a su licitación, a cambio de incentivos en el futuro concurso público. “El modelo enfrenta, no obstante, un obstáculo asociado al riesgo de financiar los estudios de viabilidad de cada proyecto. Lo anterior debido a los excesivos plazos asociados a la revisión de estos estudios, que no son reembolsados sino hasta la licitación del proyecto, superando esta etapa, en promedio, los seis años de duración”.

Asegura que la compañía, sin importar la coyuntura temporal, debe cumplir con involucrar a especialistas de alto nivel y conocimiento del marco jurídico, financiero, ambiental, comunitario y de ingeniería asociado al país, sin recibir una garantía adecuada del Estado sobre la ejecución de los estudios, o al menos un compromiso cierto con los plazos de ejecución. “A pesar de ello, las autoridades apuestan por incrementar la participación de los privados en la generación de iniciativas, y para conseguirlo es necesario restar la incertidumbre al sistema”.

El nuevo reglamento

Respecto a las últimas apariciones del ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, anunciando la Agenda de Concesiones por US$ 14.000 millones, José Luis Galassi destaca que esta cartera se encuentre trabajando en modificaciones al reglamento que regula el mecanismo de iniciativas privadas bajo el modelo de concesiones. “Resulta auspicioso para los sectores privado y público contar con incentivos que permitan seguir promocionando la infraestructura en asociación público privada, de tal forma de generar empleos e impulsar la economía”.

A su juicio, la reducción de los plazos de revisión de los estudios, la limitación del riesgo de no ejecución en los proyectos declarados de interés público y el compromiso del sector público con la ejecución de la agenda anunciada, son determinantes para el éxito en el plan de concesiones. “Instamos al MOP a poner un mayor énfasis a nivel regional sobre la presentación de la iniciativa entre la población, haciendo consulta temprana y velando los equilibrios necesarios del proyecto original declarado de interés público”.

Para declararse de interés general, un proyecto está obligado a respetar parámetros de rentabilidad social, respeto ambiental y comunitario, y no menos importante: el equilibrio entre los ingresos provenientes de los usuarios versus la inversión necesaria para acometer el proyecto. “Si alguno de estos parámetros es modificado sustantivamente la infraestructura deja de ser rentable y pasa a requerir un subsidio estatal. R&Q Concesiones insiste en la necesidad de respetar la idea original de sus proyectos para no poner en riesgo la inversión futura”.

Fuente: http://www.economiaynegocios.cl

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