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Besalco reclama casi US$ 80 millones al Estado por hospitales de Talca y Copiapó

marzo 31, 2019

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La constructora controlada en un 58,71% por la familia Bezanilla Saavedra, tiene judicializado al Estado.

La constructora Besalco, controlada en un 58,71% por la familia Bezanilla Saavedra, tiene judicializado al Estado.

Los principales reclamos de la compañía abierta en Bolsa y una de las más grandes del país en su rubro, apuntan en contra de dos servicios regionales de salud, el de Atacama y el del Maule, que son las contrapartes mandantes de la constructora en las obras de los hospitales de Copiapó y Talca, respectivamente.

En el caso del servicio de salud nortino, Besalco demanda una indemnización por daños, mientras que en el caso del hospital de la zona centro-sur invocan una indemnización por servicios.

En su última memoria anual, la firma de edificaciones calcula las indemnizaciones del caso de Copiapó en aproximadamente US$ 36,4 millones y el de Talca en unos US$ 42,37 millones, por lo que en total la empresa está solicitándole al Estado un pago por alrededor de US$ 78,8 millones.

En el caso del servicio de salud de Copiapó, las diferencias comenzaron a ahondarse en 2010, luego de que el terremoto que azotó a gran parte del país obligara a retrasar las obras. Posterior a eso, en 2015 la construcción fue afectada por el aluvión de la zona y el desborde del río Copiapó, que inundaron varios sectores del desarrollo.

Además de los contratiempos de la naturaleza, Besalco acusa que la mandante encargó la ejecución de diversas obras adicionales y extraordinarias, algunas de las cuales fue reconociendo, siempre con posterioridad a su ejecución.

En tanto, en el hospital de la capital del Maule -donde también participan las constructoras MPC y Salfa-, alegan que tuvo una “definición técnica errada” de parte del mandante, por planificar la construcción sin etapas, cosa que en la práctica era inviable, lo que sumado a 520 obras adicionales que agregó el servicio de salud, retrasaron el proyecto en dos años y tres meses, más del doble de su plazo de entrega, con un sobrecosto mayor a $ 7.000 millones.

Actualmente, ambos procesos judiciales están en periodos de prueba, donde, entre otras pugnas, las partes están dudando de la verosimilitud de correos electrónicos que se enviaban entre sí.

Fuente: La Tercera
https://www.latercera.com

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