Este martes comenzó la mesa de negociación entre el Ministerio de Obras Públicas y las empresas concesionarias de las autopistas con TAG que operan en la Región Metropolitana, un proceso que busca cambiar los contratos actuales que les permiten un alza de hasta un 3,5% anual, por sobre el IPC.
El ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, comentó en Primera Pauta el inicio del proceso que tendrá su segundo paso el próximo 17 de junio, cuando las empresas entreguen una primera propuesta.
Pese a que Fontaine se negó a adelantar las condiciones que le gustaría obtener al Gobierno, espera acercarse a un alza de un 1% sobre el IPC, similar al último contrato alcanzado en el proyecto de Américo Vespucio Oriente (AVO), cuya administración pertenece a la Sociedad Concesionaria Vespucio Oriente S.A., conformada por Sacyr y Eleática S.A. (Ex OHL).
Mientras Fontaine comentaba estos temas, el presidente de los Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (Copsa), Leonardo Daneri, dijo en radio Duna que una rebaja hasta un reajuste de IPC anual más 1,5% “es muy razonable”.
Certeza o incerteza jurídica
El ministro de Obras Públicas desechó de plano la idea de que esta renegociación deteriore la certeza jurídica para el mercado al revisarse un contrato vigente. “Todo contrato de largo plazo está sujeto a renegociación, y no me parece lesivo en derechos de propiedad o contractuales, porque, como he dicho, es una negociación voluntaria”.
El titular de Obras Públicas dijo que espera llegar a un acuerdo, pero asume que podrían no alcanzarse en el plazo de 30 días que le impuso el Presidente Sebastián Piñera. “Espero logremos un acuerdo, pero estoy abierto a la posibilidad de no lograrlo […] cada acuerdo y las condiciones de cada autopista son independientes y deben tratarse caso a caso”.
Uno de los puntos abordados por los críticos a este tipo de negociaciones es el supuesto beneficio hacia los más ricos, ya que son los que más utilizan el sistema de autopistas concesionadas en la capital. Aquí se destaca el exministro de Transportes y Telecomunicaciones en el primer mandato del Presidente Piñera, Andrés Gómez-Lobo, quien cita una Encuesta de Presupuesto Familiar para afirmar que “por cada mil pesos que se reduce el peaje al 20% más pobre, se le están regalando 10 mil al 20% más rico”.
Una crítica similar plantearon Eduardo Bitran (exministro de OO.PP. de Michelle Bachelet) y el economista Eduardo Engel en una carta en El Mercurio este miércoles.
El ministro Juan Andrés Fontaine cuestionó esos argumentos, aunque en particular le respondió al extitular de Transportes. “El señor Gómez-Lobo debería saber que cuando uno analiza los impactos de este tipo de políticas en la distribución de ingresos, tiene que expresar esos mismos números como porcentaje de los ingresos de los afectados. Cualquier persona que converse con los chilenos de clase media o vulnerable, sabe que el costo de los peajes es un porcentaje significativo del presupuesto y probablemente en muchos casos más significativo que en los sectores de altos ingresos”, afirmó.
Sobre la fórmula de negociación, Fontaine destacó que las dos alternativas que se manejan son extender la concesión para compensar a las empresas o considerar un pago al final, por la pérdida involucrada. Esperan además, exigirles inversiones adicionales en mejores salidas y entradas, mejor señalética o de entorno a las autopistas.
