La Contraloría General de Colombia imputó este jueves a 28 exfuncionarios y contratistas, incluida la constructora brasileña Camargo Correa, por su presunta responsabilidad fiscal en el retraso y sobrecosto millonario en las obras en curso de la mayor hidroeléctrica del país.
El organismo de control aseguró en un comunicado que detectó una “cadena de errores” que impidió la entrada en operación del proyecto Hidroituango en 2018, como estaba previsto.
La Contraloría acusó a funcionarios y contratistas de haber incurrido en “fallas e improvisaciones” que llevaron a un “desmesurado aumento de sus costos”.
Con un presupuesto inicial de unos 1.700 millones de dólares, la construcción pasó a insumir el equivalente a 3.700 millones.
La autoridad también repartió responsabilidades entre los imputados por la “grave contingencia” que sufrió la megaobra en abril de 2018, cuando un taponamiento en el único túnel de desagüe de la represa provocó una creciente súbita que obligó a evacuar a 25.000 personas.
Los investigadores estimaron un lucro cesante equivalente a 312 millones de dólares y una pérdida de valor de la hidroeléctrica de unos 823 millones.
Camargo Correa deberá responder específicamente por “sistemáticos atrasos” en la construcción, que se levanta desde 2010 en el noroeste de Colombia, entre los municipios de Ituango y Puerto Valdivia, precisó la Contraloría.
La AFP contactó a la empresa para conocer su reacción frente al anuncio de la Contraloría, pero hasta el momento no ha recibido respuesta.
Camargo Correa estuvo implicada en una trama de corrupción descubierta en Brasil, a través de la cual grandes constructoras pagaban sobornos a políticos a cambio de la concesión de millonarias obras en la petrolera estatal Petrobras.
-Obra problemática-
Tras la imputación de cargos se llevará a cabo un proceso por responsabilidad fiscal, que no implica sanción penal pero que podría desembocar en embargo de activos.
Las obras de Hidroituango están a cargo del consorcio CCC Ituango, integrado por la brasileña Camargo Correa (55%) y las colombianas Conconcreto (35%) y Coninsa-Ramón H (10%).
El conglomerado Empresas Públicas de Medellín (EPM) también participó como encargado de desarrollar el proyecto, que debe cubrir una quinta parte de la demanda energética del país.
Según el nuevo calendario de obras, Hidroituango podría iniciar operaciones en 2022.
Uno de los involucrados, el excandidato presidencial Sergio Fajardo, fue acusado en su calidad de gobernador de Antioquia entre 2012 y 2015, cuando se modificó “de manera sustancial la estructura del proyecto”.
Sus antecesores en el cargo Aníbal Gaviria y Luis Ramos también deberán responder por irregularidades.
En un comunicado público Fajardo defendió su inocencia y aseguró que no estuvo involucrado “en decisiones técnicas de construcción”.
Hidroituango entró en emergencia en abril de 2018, rozando incluso el colapso a raíz del desbordamiento del río Cauca.
Un derrumbe bloqueó el túnel de desviación del afluente, lo que provocó que el embalse se empezara a llenar sin estar terminado a la altura del vertedero, por donde debió seguir el cauce.
Expertos han dicho que la urgencia pudo deberse a errores de ingeniería, a cambios sobre la planeación del proyecto e incluso a una política de menores costos en el diseño.
La fiscalía colombiana investiga por su parte la adjudicación de las obras y posibles daños ambientales.
Fuente: infobae.com
