La iniciativa impulsada por HIF cumplió el primer hito relevante en su tramitación ambiental desde su ingreso en noviembre del año pasado.
El primer avance relevante en su trámite ambiental dio HIF, la iniciativa que se transformaría en la primera planta piloto de hidrógeno verde en Chile, utilizando energía renovable y dióxido de carbono capturado de la atmósfera para producir 350 toneladas de metanol por año y 130 mil litros de eCombustible a partir de 2022.
Luego de que la compañía impulsada por AME -y que sumó a Enel, Siemens y Porsche- presentara en noviembre del año pasado una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la iniciativa, el miércoles la autoridad emitió el primer Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones (ICSARA), donde los servicios públicos que intervienen en el proceso plantean sus dudas y solicitudes en las diversas áreas de su competencia.
Este primer informe refleja una serie de dudas y peticiones de aclaración, dando luces de los temas que podrían marcar las principales preocupaciones a la hora de impulsar iniciativas de este tipo. Entre ellas, las emisiones, el agua, la paleontología y hasta la difusión de esta incipiente tecnología, que promete ser el combustible del futuro.
Una de las inquietudes que manifiesta la autoridad se refiere a las emisiones. Para esto, solicita presentar un diagrama esquemático que permita visualizar de manera transversal el proceso de la operación de la planta y que identifique las partes y obras que constituyen fuentes de emisión atmosférica. Esto para precisar la ubicación y cuantificación de las fuentes emisoras durante la operación de la planta.
Considerando que el proyecto indica que los residuos líquidos provenientes del rechazo de la planta desmineralizadora y el producto de la destilación de metanol serán retirados periódicamente por una empresa autorizada para su tratamiento y disposición, la autoridad solicita al titular entregar en sus respuestas un certificado de factibilidad de recepción de estos residuos de la firma a la que alude, indicando además cuál será el destino final de esos riles una vez tratados.
Dado que el proyecto busca la generación, en el largo plazo, de combustibles carbono neutral, se solicita al titular entregar un análisis y cuantificación de las emisiones de CO2 de todo el proyecto. Esto deberá incluir las emisiones de la producción y extracción de los insumos, del proceso de producción de hidrógeno, junto con identificar y considerar las emisiones causadas por el transporte del hidrógeno hasta el punto de utilización. Esta información deberá ser contrastada con el volumen de CO2 extraído del aire y aprovechado en la generación de metanol y e-gasolina.
También se plantean dudas respecto al agua, específicamente, en cuanto a un pozo profundo que abastecerá los requerimientos hídricos para el funcionamiento de la planta. En este punto, se solicita indicar el caudal máximo a extraer de este agujero, su capacidad de producción, y cómo se instalará la tubería que lleva el agua hasta la planta.
En esa línea, por ejemplo, en caso de contemplarse un ducto subterráneo para el transporte de agua desde el pozo a la planta, se solicita especificar el tratamiento que se dará al suelo y cubierta vegetal que se deberá intervenir y acompañar un plan de intervención y recuperación de dicha cubierta vegetal.
Además, la autoridad pide indicar la fuente de abastecimiento alternativa de agua y el caudal a extraer en el peor escenario. Y aclara que la modalidad de retiro y transporte de aguas servidas presentada no está contemplada en el Código Sanitario, por lo tanto, bajo estas condiciones no es posible otorgar este permiso ambiental.
La autoridad ambiental también dio cuenta de una discrepancia a la hora de abordar la línea de transmisión eléctrica que involucra el proyecto, ya que se señala que el tendido aéreo se extenderá paralelo a la Ruta 9 desde el punto de conexión del sistema eléctrico hasta la planta dentro de la faja fiscal de viabilidad y sin intervención de predios particulares, pero luego reconoce que el tendido se emplazará íntegramente dentro del mismo predio.
Como un riesgo propio de este tipo de iniciativas, en cuanto a la fauna, la autoridad solicitó proponer y remitir medidas para disminuir la concentración de aves de rapiña en las proximidades de la planta y aerogenerador, producto del atropello regular de liebres que se produce en el tramo de la ruta 9, antes y después de la futura planta. A lo que se sumó la presentación de medidas para evitar choque de aves u otras especies con el aerogenerador.
Y, considerando que la generación de energía eólica para abastecer la planta durante la operación se producirá por un aerogenerador y cuando no esté disponible el respaldo será la conexión a una línea de media tensión del sistema eléctrico de Magallanes, se piden más antecedentes de -por ejemplo- cómo se regulará la inyección de la energía eólica generada para el funcionamiento de la planta.
Lo que tampoco esquivó la autoridad es la participación ciudadana, ya que se solicitó informar si ha aplicado algún estándar de participación, ya sea de forma completa, parcial, o adaptada de la versión original, preparados por el Ministerio de Energía u otros.
Otra consideración planteada se refiere a la susceptibilidad de los sedimentos presentes en el área del proyecto y la profundidad de las excavaciones proyectadas. En específico, se solicita la implementación de charlas de inducción en paleontología. “Se deberán realizar charlas de inducción -por un arqueólogo o licenciado en arqueología a cargo del monitoreo a los trabajadores del proyecto sobre el componente arqueológico que se podría encontrar en el área y los procedimientos a seguir en caso de hallazgo, antes del inicio de cada obra”, agrega.
El interés que provoca el hidrógeno verde también fue reconocido por la autoridad, ya que si bien el proyecto no interviene zonas turísticas, sí comparte el uso de la Ruta 9 Norte que conecta con atractivos de “jerarquía nacional e internacional” y que son visibles desde la ruta.
Por esto, se sugiere entregar -a través de un compromiso voluntario- “alternativas para la difusión de esta tecnología a través de la instalación de señalética informativa de fácil lectura, u otro sistema que sea discutido y consensuado y que permita que se conozcan estas nuevas tecnologías y avances en nuestro país, orientado tanto a la comunidad local como aquellos visitantes y turistas que visitan la región”.
En el escrito, el director regional del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, José Luis Riffo, detalla que la respuesta a este informe deberá expresarse a través de un documento denominado “adenda”, la que deberá entregarse hasta el 3 de febrero, a menos que se solicite una extensión del plazo.
Fuente: DF
