Agunsa, solicitó el 12 de enero al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) que considere suspender la venta de las bases de licitación para la concesión de “transición” del Terminal 2 (T2) que puso en marcha la Empresa Portuaria Valparaíso (EPV), informó El Mercurio que detalló la compañía en un escrito enviado al TDLC indica que el Tribunal no ha emitido un informe que establezca las condiciones de competencia a las cuales deba ajustarse dicha licitación de “transición” del T2 que inició EPV con la venta de las bases. Cabe señalar que la concesión consiste en operar por cuatro años dicho terminal, debido a que el contrato del actual concesionario-Terminal Cerros de Valparaíso (TCVAL)- expira en abril próximo.
Agunsa, que está Interesada en la licitación, no sería para este caso un actor incumbente, a diferencia de TPS Valparaíso (1151; San Antonio Terminal Internacional (STI) ligado a los Luksic, y DP World San Antonio, y si podría participar en la competencia por el T2, según indicó a El Mercurio con anterioridad, Javiera Perales, gerenta de Desarrollo y Concesiones de EPV. Perales, en la misma oportunidad advirtió que esos grupos ‘entran en categoría de incumbentes y, como tales, un nuevo entrante tiene el derecho de igualar su oferta en caso de que uno de ellos resultara ganador del proceso de licitación’.
Agunsa señala en su escrito que “el actuar de EPV es contrario a sus actos propios, recordando que la estatal portuaria ingresó una consulta en agosto pasado al Tribunal para que estableciera las condiciones de la licitación, sobre lo cual aún no se ha manifestado la entidad, afirman fuentes ligadas al proceso. EPV ha decidido ignorar las exigencias legales- así como la jurisprudencia del H. Tribunal y su propio actuar anterior, al iniciar sin autorización alguna la venta de las bases de la Licitación del Frente de Atraque N’ 2”. Agrega que “detrás de esta conducta solo puede existir una intención de actuar sobre ‘hechos consumados” para, en definitiva, permitir la participación de los incumbentes con los incentivos a ofertar para evitar competencia intraportuaria e instalarse en mejor posición para la próxima licitación posterior a la transición’, cuyo modelo no se ha transparentado al público en general.
El T2 fue adjudicado en 2013 a OHL Concesiones y pasó a llamarse TCVAL, hoy es una filial de Aleatica- ligada al fondo australiano IFM, que en 2008 adquirió OHL Concesiones-, la que en marzo de 2019 optó por no continuar el contrato de concesión para construir y operar dicha oferta de más de US$500 millones. Ello, amplias demoras en la tramitación ambiental.
La Resolución de Calificación Ambiental (IRCA) del proyecto Terminal 2 de TCYAL -obtenida en 2018- está vigente, pero en discusión en tribunales ambientales donde se debe definir este año la vigencia de dicha RCA y las condiciones que hagan viable la construcción de la ampliación portuaria en Valparaíso.
EPV acudió en agosto de 2020 al Tribunal Ambiental para interponer un recurso de reclamación en contra de una resolución del Comité de Ministros- mes de julio- que asocia las obras por US$5SO millones al plan Acceso Sur con la construcción del T2, lo que podría hacer inviable esta última iniciativa.
Por esa incertidumbre en materia de plazos, y como la concesión de TCVAL expira oficialmente en abril de este año. EPV optó por una licitación transitoria, de cuatro años, para dar continuidad a las operaciones portuarias. Consultada EPV respecto del escrito de Agunsa, optó por no realizar comentarios.
Fuente: mundomaritimo.cl
