Una reforma no constituye una amenaza. Al revés: se busca dirimir conflictos sobre un recurso que el país debe administrar de manera más eficiente, sustentable y equitativa.
Con cierta regularidad, el país se entera de nuevos proyectos orientados a la gestión de los recursos hídricos. Con escasez de agua en el norte y mayor abundancia en el sur de Chile, la administración de ese recurso ha sido una materia recurrente en la agenda pública. De hecho, hace 9 años que una proposición de reforma al Código de Aguas se tramita en las distintas oficinas de parlamentarios del Congreso Nacional.
Cabe recordar que Chile es uno de los países privilegiados en cuanto a disponibilidad de recursos hídricos de superficie. Los Campos de Hielo Norte y Sur entregan una de las mayores reservas del planeta, pero, debido a variadas condiciones físicas y climáticas, ese patrimonio ambiental está irregularmente distribuido en el territorio nacional. Adicionalmente, resulta necesario recordar que se ha cumplido más de una década con precipitaciones bajo lo normal, reduciendo así la disponibilidad de agua en muchas zonas del país. En Biobío tenemos el ejemplo del Lago Laja, mayor embalse natural de Chile, que presenta en la actualidad alrededor de 60% de déficit respecto a su volumen histórico. Esa insuficiencia viene ocurriendo en los últimos años con los principales caudales de Biobío en comparación a su promedio histórico.
Otros problemas se suman a la escasez y la inadecuada distribución del agua: la concentración del consumo en las grandes zonas metropolitanas y la construcción en las cuencas, lo que dificulta la infiltración de aguas lluvias en las napas subterráneas, además de la deforestación de las partes altas de las cuencas. Con relación a agua potable, se estima que más de 750.000 personas carecen de acceso regular a ese recurso en Chile.
Todos estos elementos referentes a los sistemas superficial y subterráneo de los recursos hídricos están en debate. La reforma que hoy se tramita en el Senado busca modificar el proceso de asignación y transacción de los derechos del agua, dado que los diferentes usos y derechos de propiedad han reforzado criterios meramente mercantilistas y favorecido la concentración de tales derechos. Otra vez es necesario reiterar que una reforma no constituye una amenaza a beneficios legítimamente adquiridos. Tampoco un riesgo para proyectos e inversiones. Al revés: se busca dirimir conflictos sobre un recurso que el país debe administrar de manera más eficiente, sustentable y equitativa.
Fuente: diarioconcepcion.cl
