Por Felipe Ulloa, consultor internacional en infraestructura y desarrollo.
No obstante, ciertas infraestructuras por cierto fueron construidas con anterioridad a las leyes vigentes y comentadas. Así pues, sobre esa base surgen los problemas actuales asociados al desarrollo de un Puerto de Gran Escala (PGE) en San Antonio.
Un PGE con un monto de inversión inicial de US$3.500.000.000 debería hacer replantearse el modo en que el país dará tratamiento ambiental a ciertas infraestructuras ya construidas y confinadas en ciertas ciudades. Las zonas de humedales cercanas y toda su biodiversidad al ser intervenidas se transforman en zonas irrecuperables, sin contar que dentro de los humedales próximos a la obra del PGE todavía los científicos no logran un catastro cabal de todos los elementos de esos sistemas biológicos y geográficos.
La construcción del PGE en San Antonio debe poner en el tapete la discusión acerca de qué modelo de desarrollo quiere Chile para los próximos 50 años o más, pues si ya en los inicios de la década de los 90′ se decidió crecer con protección del medioambiente y por tanto se entendieron los costos económicos que eso conlleva, el criterio guía para el desarrollo de nuevas infraestructuras para el crecimiento económico del país debería considerar aquellos aspectos normativos ya acordados y no poner en riesgo la inversión intentando avanzar en un proyecto que, producto de la normativa ambiental vigente, podría dilatarse en su construcción o simplemente podría no ser viable producto del impacto medioambiental.
Para crecer Chile necesita desarrollar infraestructura en toda su logística nacional, esto es construir más y mejores pasos fronterizos, puertos, aeropuertos, carreteras, trenes y soporte digital. Sin lugar a duda, en un primer momento es más barato hacer crecer la infraestructura existente mediante ampliaciones, no obstante, si se logra ver de buena forma las consideraciones ambientales vigentes, quizás es menos oneroso realizar nuevas infraestructuras desde cero, sin tener que judicializar los procesos de construcción de éstas y esperar el pronunciamiento de la autoridad ambiental durante décadas. No es posible esperar 10 años para recién dar el vamos a una obra que traerá crecimiento y desarrollo al país.
Fuente: La Tercera
