La instancia no vinculante propuso que los efectos de la pandemia sean compartidos por partes iguales.
Una primera propuesta de solución recibió uno de los dos enfrentamientos que tiene el Ministerio de Obras Públicas (MOP) con concesionarias de aeropuertos. Esto, después que la operadora de El Tepual en Puerto Montt, que manejan Sacyr y Agunsa, presentara en febrero pasado una discrepancia al Panel Técnico que dirime disputas, donde solicitaron que se les pagara el déficit provocado por las remodelaciones del aeropuerto, cifrado en US$20 millones, o que se terminara de forma anticipada el contrato con el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y se les entregara una compensación.
Tras el análisis, el lunes el panel -que no es vinculante- desestimó esas medidas, pero puso sobre la mesa una forma diferente de resolver el conflicto, derivado de la pandemia.
Según el organismo, el monto solicitado por la concesionaria “es una estimación efectuada con supuestos sobre tráfico de pasajeros e ingresos que es compleja de evaluar, considerando que la pandemia se encuentra en curso y existe incertidumbre sobre el desarrollo de los acontecimientos”.
“El escenario al cual se ha visto enfrentada la sociedad concesionaria provocará un daño significativo en sus estados financieros del 2020, pero no corresponde que el total de sus efectos se traspase al MOP”, señaló.
Sin embargo, el Panel recomendó que el MOP concurra a reconocer el 50% de los menores ingresos de este contrato. “A juicio del Panel, las partes deben revisar el contrato de concesión con un mecanismo de compartición de los efectos económicos de la pandemia hasta el término previsto del contrato. En virtud de los antecedentes revisados y por aplicación de los principios antes señalados, el Panel estima razonable y adecuado que dichos efectos sean compartidos en partes iguales”, apuntaron.
La recomendación contrasta con la postura de la autoridad, que en marzo señaló que “la discrepancia pretende endosar al Estado de Chile un riesgo empresarial que por contrato es de su cargo, causado por la pandemia y no por los actos de autoridad emitidos por el Estado”.
El Panel fue más allá y propuso que “la contribución del MOP sea realizada a través de una extensión del plazo de la concesión”. El contrato tenía una duración de seis años (72 meses).
Esto se da en momentos en que la misma instancia está en pleno desarrollo del caso entre Nuevo Pudahuel, concesionaria del aeropuerto de Santiago, y el MOP, lo que en círculos legales se ha interpretado como una señal al caso.
