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Las Salinas

Proyecto Las Salinas enfrenta nuevo proceso judicial luego que la Corte Suprema ordenara admitir a trámite recurso en su contra

mayo 24, 2021

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“Se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir la vulneración de garantías de las indicadas en el artículo 20 de la Constitución”, dijo el máximo tribunal del país.

El megaproyecto inmobiliario que el grupo Copec busca desarrollar en las 17 hectáreas que son de su propiedad en el sector de Las Salinas, Viña del Mar, enfrenta un nuevo proceso judicial. Esto, luego que la Corte Suprema ordenara admitir a trámite un recurso de protección en su contra en que se solicita la paralización de toda obra en el mencionado terreno.

A principios de abril, la Corporación Pro-Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar, representada por Deborah Hughes y el abogado Gabriel Muñoz, presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en el que se solicitó la suspensión de los efectos de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) N° 24 (que aprobó el proyecto de saneamiento del paño y que costaría unos US$ 55 millones) y la “paralización de toda obra que se requiera ejecutar sobre el terreno contaminado” hasta la total tramitación de los recursos administrativos vigentes en contra de la RCA.

La decisión de la corporación de recurrir a la justicia se dio luego que fueran notificados -el pasado 5 de marzo de 2021, por Hernán Brücher, director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental y secretario del Comité de Ministros- de la negativa a la solicitud de suspensión del acto administrativo reclamado.

El organismo dijo que “no se evidencia una fundamentación suficiente y adecuada que permita configurar jurídicamente alguno de los dos supuestos legales contemplados en la ley N° 19.880 para acceder a la referida solicitud” de suspensión de los efectos de la RCA.

Ante esto, la corporación presentó el recurso de protección, en el cual señaló: “La actuación de la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental constituye un acto ilegal y arbitrario que afecta directamente las garantías constitucionales invocadas, toda vez que permite y avala un proyecto que representa un riesgo de gran entidad para la vida y la salud de las personas, así como también para el medio ambiente”.

Y añadió: “Las irregularidades del procedimiento y la insuficiencia de fundamento de la RCA cuestionada constituyen la antesala de un potencial desastre ambiental en la ciudad de Viña del Mar, afectando directamente la integridad y los derechos de todos los habitantes de la zona”.

La entidad dijo que la ejecución del proyecto de saneamiento ambiental “se encuentra ampliamente cuestionado” en sede administrativa por distintos motivos, dentro de los cuales destacó “la falta de participación ciudadana, la falta de participación de órganos de la Administración del Estado y también la falta de información relevante en la tramitación del Estudio de Impacto Ambiental propuesto por su titular”.

En primera instancia, la Corte de Apelaciones declaró inadmisible el recurso, pero la corporación fue hasta la Corte Suprema, la que resolvió revocar el fallo y ordenó admitir a trámite la acción judicial.

“Del mérito de los antecedentes aparece de manifiesto que en el libelo interpuesto en autos se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir la vulneración de garantías de las indicadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, razón por la que el recurso debió haber sido acogido a tramitación”, dijo el fallo de la Suprema. “Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se revoca la resolución apelada de dieciséis de abril de dos mil veintiuno, y en su lugar se declara que el recurso de protección deducido es admisible, debiendo dársele la tramitación correspondiente”, añadió la sentencia dictada a principios de este mes por la Tercera Sala, integrada por los ministros Sergio Muñoz, Ángela Vivanco, Adelita Ravanales, Mario Carroza y el abogado integrante Rosa Etcheberry.

Copec, a través de su Inmobiliaria Las Salinas, ha insistido que este proyecto tiene el visto bueno del Servicio de Evaluación Ambiental para el saneamiento del suelo, ya que antes operaban un grupo de petroleras en el terreno. Incluso, la compañía espera empezar con esas obras en el segundo semestre de este año.

Según el cronograma de la empresa, tras el saneamiento del terreno vendría la etapa del desarrollo inmobiliario propiamente tal. Hasta ahora, el proyecto contempla la construcción de una serie de edificios de viviendas, hoteles, oficinas y comercio, los que irían de los 12 pisos hasta los 29 niveles. La inversión alcanzaría los US$ 800 millones, lo que incluye la compra del terreno. Copec evalúa la asociación con actores inmobiliarios para llevar adelante las obras.

Fuente: DF

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