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Desalación

Gremio de la desalinización busca implementar nuevo marco regulatorio para impulsar actividad de la industria

julio 14, 2021

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Empresas sanitarias, mineras y de tecnología crearon una asociación que busca que se reconozca el uso del agua de mar como un servicio público, como ocurre con la energía y las sanitarias, junto a mayores incentivos del Estado.

Chile cuenta con más de 4.000 kilómetros de costa y esa característica es una de las grandes fortalezas de la industria local de desalinización, cuya producción de recursos hídricos a partir del agua de mar abre nuevas posibilidades de abastecimiento en un escenario de escasez cada vez más profundo en el marco del cambio climático.

Así lo asegura la Asociación Chilena de Desalinización (Acades), organización recién creada para fomentar el desarrollo de este rubro y que integran las empresas Acciona, AES Chile, Aguas de Antofagasta, Aguas Nuevas, Almar Water Solutions, Barros & Errázuriz, Black and Veatch, IDE Chile, IDOM, GS Inima, Oceanus y Suez.

“Uno de los motivos que nos llevó a juntarnos es el sentido de urgencia. Se habla que la desalinización son los embalses del futuro; el problema es que en el futuro puede que los árboles estén secos. En la desalinización ya estamos atrasados, eso hay que entenderlo”, señala Carlos Foxley presidente del directorio del gremio.

A partir del escenario actual en el cual la construcción de plantas desaladoras ha sido principalmente fomentada por las compañías mineras, el secretario de Acades Francisco De La Barra (socio del estudio Barros & Errázuriz) plantea que “estamos frente a una industria nueva y a una tecnología que, si bien existe, no está masificada y, por lo tanto, desde el punto regulatorio estamos claramente un paso atrás respecto de otros rubros”.

Por ello, uno de los puntos centrales que promueve la organización es que se generen incentivos desde el Estado para favorecer la expansión de la industria, junto a la generación de un marco regulatorio que permita calificar la desalinización como un servicio público, al igual que los sectores energéticos y sanitarios. Esto porque en estos rubros “el Estado tiene una posición más protagónica en su organización” a través, por ejemplo, de la entrega de subsidios, indica De La Barra.

“Cuando el Estado reconoce que una actividad presta un servicio público, normalmente también le otorga ciertos beneficios; eso no existe hoy en la desalinización”, asegura.

Otro punto que señala como fundamental es acelerar los tiempos de tramitación.

Foxley detalla que a las empresas les está tomando cerca de cinco años conseguir todos los permisos; entre ellos lograr una concesión marítima y una declaración de impacto ambiental; y son tres en construir la planta. Con ello, demoran al menos ocho años en poder sacar agua del mar.

En la misma línea, considera que el Estado debe entregar cierta certeza jurídica para el desarrollo de proyectos.

“Se requiere una inversión muy grande en estudios. El riesgo de que se empiece a destinar dinero y después la concesión marítima no la otorguen es muy grande. Eso hace que mucha gente desista de la idea”, advierte Foxley.

Francisco De La Barra agrega que es necesario perfeccionar el régimen de concesiones marítimas “para hacerlo más simple, más transparente y con criterios más uniformes”.

Además, creen necesario avanzar en el régimen de otorgamiento de beneficios para acceso a terrenos, ya que para entregar agua desalinizada a las ciudades o sectores agrícolas se necesitan tuberías para el traslado.

Las claves de la industria nacional

Actualmente, en Chile hay plantas desaladoras de distintos tamaños. Entre medianas y grandes, hay un total de 14 sobre los 50 litros por minutos, con una capacidad total de unos 8.600 litros por segundo (lps) a nivel país. Un 75% de las plantas son propiedad de empresas mineras, mientras que el restante 25% son de sanitarias.

Además se están construyendo Quebrada Blanca II y Minera Los Pelambres, de manera que se prevé llegar a 10.000 lps a nivel nacional.

Desde Acades estiman que con los proyectos en curso, solamente considerando las plantas y no los sistemas de distribución, se alcanzarán inversiones del orden de los US$ 500 millones al año.

Así, esperan que la desalinización deje de ser impulsada únicamente por empresas y se entienda como una industria a nivel país. En esto, creen que el Estado puede jugar un rol articulador para que una planta pueda tener varios clientes.

Además, destacan que hay proyectos en todo Chile, y que no solo se concentran en la zona norte como ha sido hasta el momento. Foxley cuenta que están estudiando proyectos en la Quinta y Sexta Región, además de Magallanes.

Los desafíos para difundir la industria

Además del nuevo marco institucional, Foxley dice que “todavía notamos que en el público general hay un desconocimiento” y que la desalinización se considera poco amigable con el medio ambiente.

“Se pueden hacer proyectos buenos, se puede hacer en términos amigables con el medio ambiente y económicamente viables”, apunta.

A su juicio, es fundamental el vertimiento responsable de la salmuera al mar, que no sea devuelta con químicos y que en la toma de agua no afecten a la fauna marina del lugar.

Fuente: DF

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