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Grupo controlador del Aeropuerto de Santiago activa demanda contra Chile en el Ciadi

agosto 17, 2021

Los controladores de la concesionaria Nuevo Pudahuel cumplieron lo que habían advertido a comienzos de año y formalizaron hace pocos días una demanda arbitral contra el Estado de Chile en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), un organismo multilateral con sede en Washington. El Ciadi es un foro destinado a discutir las diferencias entre inversionistas y los Estados miembros, al que Chile adhirió en 1991.

El caso fue registrado oficialmente el viernes 13 de agosto en el Ciadi y figuran dos demandantes: ADP International S.A. (Aeropuerto de Paris) y Vinci Airports, dos sociedades francesas que activaron el arbitraje internacional acusando violaciones al tratado bilateral suscrito entre Chile y Francia de 1992. Las dos sociedades controlan el 85% de Nuevo Pudahuel.

El representante de Chile en la acción es la subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, que dirige Rodrigo Yáñez.

La demanda de los grupos franceses fue interpuesta en Washington por el estudio de abogados Freshfields Bruckhaus Deringer, basado en Nueva York. Freshfields es un bufete fundado en 1743 y que hoy tiene más de 4000 profesionales y atiende a clientes en 150 países.

ADP International es una filial de Groupe ADP, una sociedad controlada en un 50,6% por el gobierno de Francia, opera en 125 plataformas aeroportuarias en el mundo, facturó 4.700 millones de euros en 2019 y movilizó 235 millones de pasajeros. En 2020, por la pandemia esa cifra descendió a 96 millones de pasajeros. ADP tiene el 45% de Nuevo Pudahuel.

Vinci Airports, por su parte, tiene el 40% del terminal chileno. Controlada por el grupo Vinci, especialista en construcción y concesiones, opera 45 aeropuertos y suma 76 millones de pasajeros en el mundo. El tercer accionista es la italiana Astaldi, la que tiene el 15% del aeropuerto.

El consorcio de los tres grupos se adjudicó en 2015 la ejecución, reparación y explotación del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, por un plazo de 20 años. Actualmente están concluyendo una ampliación del terminal en la que invirtieron unos US$ 1.000 millones, la que será inaugurada en septiembre.

En enero, ADP y Vinci Airports notificaron el inicio del procedimiento arbitral contra el Estado de Chile, tras lo cual comenzó un período de seis meses de negociaciones amistosas entre las partes, lo que terminó sin éxito. Las empresas reclamaban del Estado acciones para aliviar la baja de los ingresos ocasionada por el Covid 19, la disminución del tráfico y aéreo y sus actividades comerciales. “Los efectos de la pandemia y la negativa del Estado en restablecer el equilibrio económico-financiero de la concesión han causado estragos inesperados que no solo no permitirán mayores inversiones, sino que ponen en riesgo la operación del aeropuerto”, decía en enero a Pulso el presidente de Groupe ADP International, Fernando Echegaray.

Consultada por Pulso, la Cancillería confirmó haber recibido la notificación del arbitraje internacional. El subsecretario Rodrigo Yáñez aseguró que “Chile ha actuado con estricto apego al derecho internacional en todas las medidas adoptadas para controlar y mitigar los efectos de la pandemia. Por lo tanto, las reclamaciones de ADP y Vinci desvirtúan el serio esfuerzo que ha realizado nuestro país para enfrentar la pandemia por medio de medidas generales que velen siempre por los intereses de la población y de todos los actores de la economía, sin exclusiones, privilegios o discriminaciones”.

Durante los últimos seis meses, las multinacionales francesas y el gobierno desarrollaron un proceso de negociación amistosa que, por el lado chileno, fue encabezada por la abogada colombiana Mairée Uran, que dirige el programa de defensa en arbitrajes de inversión extranjera. Ese proceso fue extendido por una vez, pero las partes no lograron acuerdo. En paralelo, el gobierno formó junto a los franceses una mesa técnica en la que participaron los ministerios de Relaciones Exteriores, Hacienda y Obras Públicas.

Tras la notificación de la disputa, el Ciadi debe formar un tribunal compuesto por tres árbitros -uno nombrado por cada parte y un tercero, que será el presidente, de común acuerdo- y Chile deberá contestar la demanda arbitral, lo que se estima no ocurrirá antes de marzo de 2022. El gobierno está definiendo qué estudio de abogados internacional defenderá la posición de Chile. Mientras los franceses acusan incumplimientos del Estado frente a Nueva Pudahuel durante la pandemia, el gobierno asegura que existe una divergencia contractual, lo que no es parte del tratado bilateral. El caso ha llevado incluso al gobierno parisino a intervenir.

“Chile tiene una trayectoria indiscutida como país receptor de inversión extranjera que promueve el libre comercio, respeta las obligaciones emanadas de Tratados internacionales y valora la contribución del sector privado al desarrollo de nuestro país. Este caso no ha sido la excepción”, insistió el subsecretario Rodrigo Yáñez.

Además de la demanda activada por los accionistas extranjeros de Nuevo Pudahuel, la concesionaria del aeropuerto llevó la disputa al Panel Técnico de Concesiones, el que rechazó en mayo las peticiones específicas de la empresa, pero sí abrió la puerta a negociaciones entre las partes, ya que, concluyó, “el marco contractual habilita al MOP para sostener conversaciones, con el propósito de revisar o flexibilizar el contrato de concesión”.

Fuente: La Tercera

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