El 20 de agosto, en su visita a Chillán, el Presidente Sebastián Piñera no solo confirmó que el proyecto embalse La Punilla sigue siendo un compromiso de su gobierno, sino que también anunció que la nueva concesión se licitará este año, un plazo que parece difícil de cumplir, pero que se basa en el hecho que hace varios meses el Ministerio de Obras Públicas viene trabajando en las nuevas bases de licitación, desde mucho antes de lograr el acuerdo para caducar el contrato con la concesionaria Astaldi, en julio pasado.
Pero independiente de si se licita en diciembre próximo o en marzo de 2022, un elemento relevante el reconocimiento explícito por parte del Gobierno de que el futuro embalse no tendrá la capacidad de almacenamiento informada en la licitación anterior.
En su vista a las obras del Hospital de Chillán ese mismo 20 de agosto, el Mandatario afirmó que “el embalse de Punilla es particularmente importante. Éste es un embalse que va a significar 540 millones de metros cúbicos de acumulación de agua, los que van a permitir seguridad de riego al 85% para más de 60 mil hectáreas, más de 4.700 predios van a contar con seguridad de riego para poder desarrollar su progreso en materia agrícola en las comunas de San Carlos, Chillán, Ñiquén, San Nicolás, Coihueco y, potencialmente, también San Fabián”.
Desde la Presidencia, confirmaron minutos después que “el Mandatario informó que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) ha iniciado un nuevo proyecto que incorpora el factor de cambio climático en su diseño y que se someterá nuevamente a un proceso de licitación durante este año”.
La cifra no fue otro “lapsus” presidencial. Es el resultado de una decisión al interior del MOP, mediante la cual, se hace cargo del error de diseño en el pre-estudio de ingeniería del embalse, que fue detectado por Astaldi en 2018 e informado a la Dirección de Concesiones en septiembre de ese año y que fue uno de los elementos que gatillaron el quiebre entre la italiana y el MOP, diferencias que se agudizaron con la crisis financiera que atravesó la empresa italiana en esos años y que derivaron en incumplimientos contractuales que finalmente llevaron al MOP a solicitar la caducidad del contrato de concesión en 2019 ante una comisión arbitral. Debido a la pandemia, la labor de la comisión se paralizó, y fueron en definitiva las partes las que llegaron a acuerdo.
Como se recordará, Astaldi se adjudicó en junio de 2016 el contrato de concesión para la construcción y operación del embalse; en marzo de 2018 entregó los proyectos de ingeniería de detalle de las obras del embalse y en septiembre de 2018, informó, a través de una carta, en calidad de hecho esencial, el grave error del MOP al definir la capacidad de almacenamiento total de embalse. Ello, a partir del estudio de ingeniería de detalle y los estudios topográficos realizados por la concesionaria.
En términos sencillos, la capacidad de almacenamiento total del embalse definida en las bases de licitación y declarada en la resolución de calificación ambiental que data de 2010, es de 625 millones de metros cúbicos, correspondiente a la cota 757,1 m.s.n.m. que determina la altura del muro de la presa. En ese contexto, Astaldi informó al MOP que, en esa cota, solo se pueden alcanzar 563,9 millones de metros cúbicos, vale decir, 61,1 millones de metros cúbicos menos que lo proyectado en las bases, casi el 10% del total.
Una fuente cercana al proceso sostuvo que la diferencia en el volumen es tan relevante que hace absolutamente inviable el objeto del contrato de concesión en los términos en que está definido, razón por la cual el MOP optó por el camino más expedito: asumir el error y así mantener el diseño actual del embalse y su respectiva resolución de calificación ambiental. De esta forma, se podrá licitar el mismo diseño sin necesidad de someter el proyecto a una nueva evaluación ambiental que, en el actual contexto ambiental, político y social, podría ser lapidaria. Desde esta perspectiva, y considerando los tiempos habituales de la burocracia estatal, el llamado a licitación podría publicarse en los próximos meses, y la adjudicación del contrato de concesión se podría concretar el próximo año.
Menos atractivo
La menor capacidad de almacenamiento del embalse va a significar menos agua disponible, lo que impactará la rentabilidad del proyecto y necesariamente, podría ser un desincentivo captar el interés de inversionistas, aunque tampoco es un misterio que ya habría interesados en participar en el proyecto.
En la práctica, al disponer de menos agua, para no quitarle a los regantes, lo más probable es que se destine la reserva para la generación hidroeléctrica a los agricultores, lo que, de paso, evitaría modificar los convenios con los regantes, quienes también aportarán al financiamiento de la obra.
Y mientras en la Dirección de Concesiones continúa el hermetismo respecto al proyecto, las especulaciones y los trascendidos se han multiplicado.
Al respecto, el presidente de la Junta de Vigilancia del río Ñuble, Fernando Rueda, reconoció que no han recibido una comunicación oficial por parte del MOP, aunque comentó que la menor cantidad de agua que podrá almacenarse no debiera afectar a los agricultores.
Según recordó Rueda en el programa Sala de Prensa, de Radio La Discusión, “hace 90 años que estamos con que Punilla va, pero yo diría en los últimos gobiernos ha avanzado bastante y estuvo a punto, se licitó y adjudicó a la empresa Astaldi, y todos sabemos los problemas que tuvo, pero por lo menos avanzamos en una primera licitación”.
Consultado por la nueva licitación anunciada, el dirigente planteó que “el tamaño (de la presa) es el mismo, la capacidad (del embalse) baja, pero aparentemente, la división o distribución de las aguas es la que cambiará; como hay menos agua, los regantes quedaríamos cercanos a la misma, y por lo que hemos sabido, por filtraciones, el agua que se usará para mantener la superficie de riego corresponde a la reserva para generación hidroeléctrica”.
Asimismo, sostuvo que “este proceso debiera andar más rápido, porque debiera llevar las mismas bases de licitación. En la licitación anterior, ése fue un trabajo de más de un año negociando las bases de licitación, con los regantes, la parte hidroeléctrica, y en la parte nuestra sí pasó mucho tiempo. Eso ya está negociado, ahora debieran variar algunos detalles, pero sí andaría mucho más rápido”.
Rueda admitió que la menor capacidad de almacenamiento y la menor disponibilidad de agua para generación hidroeléctrica hace menos atractivo el proyecto para los inversionistas, razón por la que anticipó que es muy probable que se incremente el subsidio estatal. “Nosotros aún no manejamos los porcentajes, el MOP está haciendo un nuevo estudio para la elaboración de las bases, y eso está en proceso de cuantificarse, está prácticamente terminado. Nosotros esperamos que el aporte de los regantes se mantenga”, explicó.
El contrato con Astaldi establecía un subsidio estatal a la construcción y operación de 67%, en una ecuación en que los regantes aportan un 18%, y la concesionaria, un 15%. En una nueva licitación, fuentes del sector plantean que el aporte del Estado podría rondar entre 80-85%.
Al respecto, el timonel de Junta de Vigilancia del río Ñuble acotó que si bien no es obligación que la concesionaria construya una central hidroeléctrica, sí es clave para la rentabilidad del proyecto, un desafío no menor si se considera la sostenida baja que han experimentado los precios nudo de la electricidad en los últimos años, frente a la mayor oferta a valores competitivos de las energías renovables no convencionales.
Otro elemento que generó interrogantes es el componente de cambio climático que tendría el nuevo proyecto mencionado por la Presidencia el 20 de agosto, y que todavía no es aclarado por el MOP. Según Rueda, considerar la variable del cambio climático “apunta en varios sentidos: lo primero, es que debe tener un caudal ecológico, lo que ya estaba en el proyecto anterior; después, apunta a un manejo de la cuenca en el sentido de hacer infiltración de acuíferos subterráneos, lo que significa tener reservas de agua subterránea; y también significa que se reservará un volumen específico para asegurar el abastecimiento para consumo humano donde se necesite en algún minuto”.
Viabilidad
Pero no todos están optimistas con el embalse La Punilla.
El diputado Frank Sauerbaum reiteró que “La Punilla hay que redefinirlo como un embalse, quizás, un poco más pequeño, con menos impacto ambiental y en las comunidades, que también considere el consumo humano como una prioridad, y también que tenga una fuerte inversión del Estado a través de la Ley 1.123 de grandes obras de riego, y abandonar definitivamente este sistema de concesiones a empresas privadas a través de la generación eléctrica, que hoy día no es negocio para nadie, fundamentalmente por los bajos precios de la electricidad que se están pagando, alrededor de 40-42 dólares por megawatt, por lo tanto, hace poco atractiva una inversión que es millonaria”.
Por ello, el parlamentario planteó que “todos los embalses diseñados en Ñuble -Punilla, Zapallar y Chillán- debieran estar más bien pensados con un aporte importante del Estado, mayoritario, y en donde los privados pongan una parte bastante marginal, además, considerando la riqueza que se produce con el aumento de la zona regada, el Estado recauda muchísimas contribuciones, muchísimos impuestos de ese trabajo agrícola, y por lo tanto, una parte importante va a ser devuelto a través de ese pago de contribuciones e impuestos de los propios agricultores”.
Interesados
Pese a estas variables, el proyecto sí tendría interesados. Al menos, eso se desprende de algunas declaraciones de funcionarios del MOP, de hecho, en diciembre pasado se conoció el interés de la empresa China Railway International Group -que a su vez es parte de China Railway Engineering Corporation, su holding controlador- una gigante estatal china de ingeniería y construcción, involucrada en la construcción de dos tercios de las vías férreas en China, y además ha participado en numerosos países en la construcción de líneas férreas, metro, carreteras, minas, túneles, puentes, centrales hidroeléctricas, edificios, obras de irrigación, puertos, muelles y aeropuertos. Y no solo construye, sino que ofrece servicios de ingeniería, factibilidad y consultoría relacionados.
Según Diario Financiero, a partir de información obtenida a través de la Ley de Lobby, la empresa asiática se reunió el 16 de noviembre con el subsecretario de Obras Públicas, Cristóbal Leturia. La materia de la cita fue “discutir de la manera más transparente posible, nuestras intenciones de abordar la ejecución del proyecto más emblemático de la región de Ñuble, Embalse La Punilla”.
“Luego que esta crisis mundial se acentuará no solo en la población, sino que también en todo ámbito de la economía chilena, China Railway International Group busca proponer y buscar, la vía más conveniente de trabajar en conjunto con la región, e impulsar el plan de recuperación de Chile llevando a cabo este megaproyecto”, apuntan.
Rechazo
Semanas antes del anuncio presidencial, el movimiento ambientalista Ñuble Libre, a través de un comunicado, apuntó a “la tozudez de una administración, a estas alturas sin respaldo, que se ha empeñado en avanzar contra viento y marea en la construcción de un megaproyecto que no tiene pies”.
Además, reiteró que el proyecto está fuera de plazo: “El Embalse Punilla no ha logrado ver avances, excediendo de manera grotesca los cinco años del plazo para comenzar la construcción”, aseguró, en alusión a que la resolución de calificación ambiental data de 2010.
En materia social, criticaron que “a la fecha, la situación de nuestros vecinos arrieros de la cordillera es la misma desde los violentos desalojos sufridos en noviembre del 2018 bajo circunstancias, a lo menos, irregulares”.
Finalmente, aseguraron estar “expectantes de que las esperanzadoras declaraciones efectuadas por el gobernador Crisóstomo -quien ha manifestado que el proyecto ya no es viable- se transformen en acciones transparentes y llenas de fuerza para frenar estos empeños de un gobierno sin razón, que, a pesar de todo, insiste en concretar este proyecto”
El documento tiene como adherentes a 34 firmantes, entre ellos, 14 constituyentes.
Precisamente, desde la mirada ambientalista, el constituyente César Uribe, uno de los fundadores del movimiento Ñuble Libre, reiteró la propuesta de diseñar un embalse distinto, “fuera de línea”, como el Coihueco, “que no genere el daño ambiental y social que sí genera La Punilla”.
Uribe aseveró que “se siguen cometiendo los errores históricos en relación al embalse, hoy más que nunca está en cuestionamiento la viabilidad del proyecto, por lo que seguir insistiendo con un proyecto como éste me parece una tozudez. No va a prosperar, porque a todos los problemas que ya tiene, ahora se suma este cambio constitucional que va a generar una nueva legislación, por ejemplo, respecto de la propiedad del agua, en que probablemente se va a desprivatizar”.
“La Punilla se aprobó en 2010 en un contexto muy distinto, y hoy no puede seguir bajo las mismas normas ambientales, de hecho, la normativa establece que la construcción debió haberse iniciado dentro de cinco años, y eso no ha ocurrió”, añadió.
Fuente: La Discusión
