En la segunda jornada de alegatos en la Corte Suprema, la firma dijo creer que la mejor manera de compatibilizar el desarrollo y medio ambiente es con un solo puerto en La Higuera.
Si bien en marzo del año pasado Andes Iron había sorprendido proponiendo la instalación de un solo puerto en La Higuera, asegurando que Minera Dominga estaría disponible a no construir el suyo si es que el proyecto Cruz Grande de CAP lo hiciera, la compañía dio un paso más con tal de viabilizar su inversión.
En la Corte Suprema, durante la segunda jornada de alegatos de los recursos de casación presentados en contra de la sentencia del Primer Tribunal Ambiental que ordenó retrotraer el procedimiento de evaluación ambiental del proyecto minero, la empresa indicó que está abierta a explorar diversas opciones, entre las que figura su disposición de ceder su puerto al Estado.
El abogado de la empresa Patricio Leyton aseguró que Dominga es un caso complejo, de diversas dimensiones (política, social, técnica y económica), pero se centró en la estrictamente legal y ambiental. Subrayó es una iniciativa minera y no portuaria, agregando que en los alegatos de la contraparte que fueron conocidos este lunes los reparos se dirigen fundamentalmente contra del terminal marítimo.
Además, dijo entender la preocupación de quienes se oponen a la existencia a más de un puerto en la zona, por esto “hemos asumido públicamente el compromiso de construir un solo puerto”. “Dominga siempre ha estado disponible a buscar los caminos del diálogo y el entendimiento”, agregó.
De esta manera, anunció: “No solo estamos abiertos a compartir infraestructura, sino que también a renunciar a la operación del terminal de embarque o bien ceder al Estado de Chile dicha concesión u otras alternativas que puedan surgir, un proceso con miras a compatibilizar la actividad minera con el cuidado del medio ambiente”.
Para Leyton, no puede haber más de un puerto en la zona, ya que “no tiene sentido ambiental”. “Creemos que debe ser el Estado de Chile quien opere o bien licite un solo puerto”, recalcó. Y enfatizó su mensaje a los ministros: “En caso de estimarlo esta excelentísima Corte, estamos disponibles a ceder al Estado de Chile todos los permisos referidos al puerto con el fin de viabilizar su ejecución”.
“Nuestra voluntad ha sido, es y siempre será buscar una solución que armonice la histórica vocación minera de la zona con la legítima expectativa del desarrollo integral de las personas y la protección del medio ambiente”, lanzó.
En su intervención, Leyton repasó diversos aspectos abordados por los abogados opositores en la primera jornada de alegatos. Por ejemplo, defendió que la línea de base del proyecto se compone de un compendio de años de información pública y privada, tanto técnica como científica, propia como de terceros.
“Lo que se presenta como una supuesta infracción a las reglas de la lógica, no es más que una oposición o un desacuerdo a los hechos constatados por el Tribunal Ambiental”, dijo.
Además, insistió: “Cada vez que el proyecto ha sido revisado en su mérito técnico ha sido validado por sus revisores”.
Pero también en la cita hubo intervenciones de otros actores de la misma vereda. Uno que no eludió lo expresado por Leyton fue Carlos Claussen, en representación de la Asociación Gremial Minera de La Higuera, quien enfatizó que este es un proyecto minero principalmente y que “la parte portuaria es simplemente accesoria”.
¿Cuál es la verdadera envergadura de la parte portuaria del proyecto? En definitiva, dijo, “se limita a un solo barco a la semana que navegará a más de 20 kilómetros de la reserva y a una velocidad mucho menor a la que actualmente miles de barcos circulan anualmente por esa ruta”.
Mientras, el abogado Fernando Molina, en representación del Sindicato de Trabajadores Independientes de Pescadores Artesanales de Totoralillo Norte, explicó que el interés de la organización es directo. “La pretensión (del sindicato) es solicitar que se determine si el proyecto efectivamente cumple con la normativa”, dijo.
La oposición
Este lunes, en la primera jornada de alegatos, los abogados opositores apuntaron a que a lo largo de toda la sentencia reclamada, el Tribunal Ambiental -cuyo fallo luego posibilitó que se votara y aprobara la inversión- insiste en constatar falta de información y, aun así, establecer la aprobación del proyecto.
La abogada Alejandra Donoso dijo que “es muy preocupante que se esté entendiendo la institucionalidad ambiental y el rol del Tribunal Ambiental en este caso como uno de promoción de la actividad económica”.
Fuente: DF
