La presidenta de la Corporación Camino a Farellones, Rosanna Caldana, señaló al intento de expansión de Anglo American como el principal riesgo para la disponibilidad de agua en la capital. Asimismo, afirmó que las agrupaciones y comunidades del sector están trabajando para presentar observaciones ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para que se considere el rechazo de la iniciativa.
En un escenario en que la escasez hídrica está llegando a niveles críticos en la Región Metropolitana, esta semana el gobernador Claudio Orrego pidió acelerar la definición de un plan de emergencia y protocolos para enfrentar un eventual racionamiento de agua en la zona.
Tras una reunión a la que también fueron convocadas autoridades de la Onemi, la Superintendencia de Servicios Sanitarios y la Dirección General de Aguas, Orrego aludió a la profundización de la sequía y anunció un Plan de Emergencia Hídrica, el cual se espera echar a andar en marzo para definir medidas a corto, mediano y largo plazo.
Sin embargo, distintas comunidades han señalado que el cambio climático no es el único factor que mantiene en ascuas la situación hídrica de la capital, sino que apuntan por lejos como el principal responsable al proyecto minero Los Bronces Integrados de Anglo American, ubicado en las comunas de Colina y Lo Barnechea.
De hecho, según el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) emitió a mediados de 2021 lapidarias conclusiones en su Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones o Ampliaciones (ICSARA), estableciendo que el proyecto resulta “perjudicial con la promoción del uso sustentable y estratégico del agua en la región y con la promoción de un uso responsable y seguro del territorio en relación con riesgos potenciales por amenazas naturales y antrópicas”.
Lo que se suma a los cuestionamientos por parte de la Asociación de Funcionarios del Servicio de Evaluación Ambiental (ANFUSEA), que a través de una carta abierta al director del servicio, Hernán Brücher, mostraron su preocupación por la extensión artificial del proceso de evaluación de Los Bronces Integrados, por medio de la apertura de un proceso de participación ciudadana (PAC) calificado por los trabajadores de “inoportuna”, en un contexto en que el proyecto llegaba al término de su evaluación con impactos negativos para la salud de la población y sin medidas que se hagan cargo.
En conversación con Radio Universidad de Chile, la presidenta de la Corporación Camino a Farellones e integrante del movimiento No Más Anglo, Rosanna Caldana, expresó que “esta es una mina que consume 1.380 litros por segundo y eso equivale aproximadamente a cuatro ciudades de Concepción. Es una cantidad enorme de agua en un escenario como el que estamos viviendo y como el que tenemos a futuro”.
En esa línea, apuntó que “si a eso le agregas que la mina se va a expandir tanto al oriente como poniente y, además, se va a hacer una mina subterránea, debajo del Santuario de la Naturaleza Yerba Loca, van a encontrar muchísimas napas que van a ser cortadas y que alimentan a todo el sector cordillerano”, añadiendo que “aunque ellos dicen que no van a utilizar aguas frescas nosotros sabemos que eso no es así porque Anglo American tiene un historial enorme de incumplimientos a las RCA (Resoluciones de Calificación Ambiental)”.
Además, la dirigente mencionó que incluso “Anglo American en este minuto ya está con falencias de agua, a pesar de la cantidad que consume ha tenido que comprar agua en distintos lugares, a través de camiones aljibes” e hizo referencia a una investigación de BiobioChile en la que la Superintendencia de Medioambiente formuló cargos en contra de la sanitaria Aguas Santiago Norte S.A por vender agua a Anglo American, en lugar de depositarla en el Acuífero Batuco y que llegara a los vecinos de la comuna de Lampa.
“Por cada tonelada de cobre que se procesa son 215.000 litros de agua. Entonces, eso es una aberración con el problema hídrico que tenemos en toda la Región Metropolitana y en todo Chile, que es extremadamente vulnerable al cambio climático”, enfatizó Caldana.
Asimismo, expresó que, de seguir a este paso, “no va a quedar agua dentro de 10, 15 años en la Región Metropolitana y quizá menos si es que no llueve nada. Entonces, podrás imaginar lo que va a ocurrir a nivel social si la capital queda sin agua, o sea, el estallido social va a quedar como un pálido reflejo. Las autoridades tienen que tomar consciencia, este tema ha estado muy invisibilizado porque Anglo American tiene un poder económico espantoso y ha ido cortando todo”.
En ese sentido, recalcó sus críticas contra los efectos de esta industria, señalando que “no dejan nada, en el fondo destruyen y a futuro, ¿qué va a quedar de eso? Un país desolado que no va a tener de dónde sacar nada. Da menos empleos que el turismo y no salen del esquema del extractivismo. Llevamos años en esta lucha, ya hemos tratado de visibilizar este problema, pero es muy complejo porque incluso estas empresas ocupan a organizaciones medioambientalistas para ir haciendo greenwashing”.
Por otra parte, la también miembro de la Corporación de Defensa de la Cuenca del Mapocho se refirió al recurso de protección interpuesta por la organización ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en conjunto con el diputado Humanista Tomás Hirsch y el abogado Marcos Emilfork en contra del director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, Hernán Brücher, por haber vulnerado las garantías constitucionales de igualdad ante la ley, el derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación y el derecho a la vida e integridad física.
En concreto, afirmó que “están viendo la evolución de este recurso porque encontramos que este proceso de participación ciudadana era realmente ilegal, no correspondía hacerlo. Nosotros habíamos pedido incluso en 2020 que se abriera un proceso nuevo de PAC porque simplemente había muchos temas que no tocaba la empresa y el SEA lo rechazó. Entonces, ahora viene a sacar uno a 10 días de que se apruebe o rechace el proyecto”.
Además, manifestó que las agrupaciones y las comunidades del sector están trabajando para presentar observaciones a más tardar el próximo 18 de marzo ante el SEA, de manera que “la población diga su punto de vista respecto de la contaminación, especialmente la del aire que también está relacionada con el agua y los glaciares, a raíz de este informe lapidario que hizo el Ministerio de Salud”, cuya Subsecretaría indicó que el proyecto generaría un aumento significativo en la concentración ambiental del contaminante MP-10, provocando un impacto negativo en la calidad del aire.
En un escenario en que la escasez hídrica está llegando a niveles críticos en la Región Metropolitana, esta semana el gobernador Claudio Orrego pidió acelerar la definición de un plan de emergencia y protocolos para enfrentar un eventual racionamiento de agua en la zona.
Tras una reunión a la que también fueron convocadas autoridades de la Onemi, la Superintendencia de Servicios Sanitarios y la Dirección General de Aguas, Orrego aludió a la profundización de la sequía y anunció un Plan de Emergencia Hídrica, el cual se espera echar a andar en marzo para definir medidas a corto, mediano y largo plazo.
Sin embargo, distintas comunidades han señalado que el cambio climático no es el único factor que mantiene en ascuas la situación hídrica de la capital, sino que apuntan por lejos como el principal responsable al proyecto minero Los Bronces Integrados de Anglo American, ubicado en las comunas de Colina y Lo Barnechea.
De hecho, según el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) emitió a mediados de 2021 lapidarias conclusiones en su Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones o Ampliaciones (ICSARA), estableciendo que el proyecto resulta “perjudicial con la promoción del uso sustentable y estratégico del agua en la región y con la promoción de un uso responsable y seguro del territorio en relación con riesgos potenciales por amenazas naturales y antrópicas”.
Lo que se suma a los cuestionamientos por parte de la Asociación de Funcionarios del Servicio de Evaluación Ambiental (ANFUSEA), que a través de una carta abierta al director del servicio, Hernán Brücher, mostraron su preocupación por la extensión artificial del proceso de evaluación de Los Bronces Integrados, por medio de la apertura de un proceso de participación ciudadana (PAC) calificado por los trabajadores de “inoportuna”, en un contexto en que el proyecto llegaba al término de su evaluación con impactos negativos para la salud de la población y sin medidas que se hagan cargo.
En conversación con Radio Universidad de Chile, la presidenta de la Corporación Camino a Farellones e integrante del movimiento No Más Anglo, Rosanna Caldana, expresó que “esta es una mina que consume 1.380 litros por segundo y eso equivale aproximadamente a cuatro ciudades de Concepción. Es una cantidad enorme de agua en un escenario como el que estamos viviendo y como el que tenemos a futuro”.
En esa línea, apuntó que “si a eso le agregas que la mina se va a expandir tanto al oriente como poniente y, además, se va a hacer una mina subterránea, debajo del Santuario de la Naturaleza Yerba Loca, van a encontrar muchísimas napas que van a ser cortadas y que alimentan a todo el sector cordillerano”, añadiendo que “aunque ellos dicen que no van a utilizar aguas frescas nosotros sabemos que eso no es así porque Anglo American tiene un historial enorme de incumplimientos a las RCA (Resoluciones de Calificación Ambiental)”.
Además, la dirigente mencionó que incluso “Anglo American en este minuto ya está con falencias de agua, a pesar de la cantidad que consume ha tenido que comprar agua en distintos lugares, a través de camiones aljibes” e hizo referencia a una investigación de BiobioChile en la que la Superintendencia de Medioambiente formuló cargos en contra de la sanitaria Aguas Santiago Norte S.A por vender agua a Anglo American, en lugar de depositarla en el Acuífero Batuco y que llegara a los vecinos de la comuna de Lampa.
“Por cada tonelada de cobre que se procesa son 215.000 litros de agua. Entonces, eso es una aberración con el problema hídrico que tenemos en toda la Región Metropolitana y en todo Chile, que es extremadamente vulnerable al cambio climático”, enfatizó Caldana.
Asimismo, expresó que, de seguir a este paso, “no va a quedar agua dentro de 10, 15 años en la Región Metropolitana y quizá menos si es que no llueve nada. Entonces, podrás imaginar lo que va a ocurrir a nivel social si la capital queda sin agua, o sea, el estallido social va a quedar como un pálido reflejo. Las autoridades tienen que tomar consciencia, este tema ha estado muy invisibilizado porque Anglo American tiene un poder económico espantoso y ha ido cortando todo”.
En ese sentido, recalcó sus críticas contra los efectos de esta industria, señalando que “no dejan nada, en el fondo destruyen y a futuro, ¿qué va a quedar de eso? Un país desolado que no va a tener de dónde sacar nada. Da menos empleos que el turismo y no salen del esquema del extractivismo. Llevamos años en esta lucha, ya hemos tratado de visibilizar este problema, pero es muy complejo porque incluso estas empresas ocupan a organizaciones medioambientalistas para ir haciendo greenwashing”.
Por otra parte, la también miembro de la Corporación de Defensa de la Cuenca del Mapocho se refirió al recurso de protección interpuesta por la organización ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en conjunto con el diputado Humanista Tomás Hirsch y el abogado Marcos Emilfork en contra del director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, Hernán Brücher, por haber vulnerado las garantías constitucionales de igualdad ante la ley, el derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación y el derecho a la vida e integridad física.
En concreto, afirmó que “están viendo la evolución de este recurso porque encontramos que este proceso de participación ciudadana era realmente ilegal, no correspondía hacerlo. Nosotros habíamos pedido incluso en 2020 que se abriera un proceso nuevo de PAC porque simplemente había muchos temas que no tocaba la empresa y el SEA lo rechazó. Entonces, ahora viene a sacar uno a 10 días de que se apruebe o rechace el proyecto”.
Además, manifestó que las agrupaciones y las comunidades del sector están trabajando para presentar observaciones a más tardar el próximo 18 de marzo ante el SEA, de manera que “la población diga su punto de vista respecto de la contaminación, especialmente la del aire que también está relacionada con el agua y los glaciares, a raíz de este informe lapidario que hizo el Ministerio de Salud”, cuya Subsecretaría indicó que el proyecto generaría un aumento significativo en la concentración ambiental del contaminante MP-10, provocando un impacto negativo en la calidad del aire.
En un escenario en que la escasez hídrica está llegando a niveles críticos en la Región Metropolitana, esta semana el gobernador Claudio Orrego pidió acelerar la definición de un plan de emergencia y protocolos para enfrentar un eventual racionamiento de agua en la zona.
Tras una reunión a la que también fueron convocadas autoridades de la Onemi, la Superintendencia de Servicios Sanitarios y la Dirección General de Aguas, Orrego aludió a la profundización de la sequía y anunció un Plan de Emergencia Hídrica, el cual se espera echar a andar en marzo para definir medidas a corto, mediano y largo plazo.
Sin embargo, distintas comunidades han señalado que el cambio climático no es el único factor que mantiene en ascuas la situación hídrica de la capital, sino que apuntan por lejos como el principal responsable al proyecto minero Los Bronces Integrados de Anglo American, ubicado en las comunas de Colina y Lo Barnechea.
De hecho, según el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) emitió a mediados de 2021 lapidarias conclusiones en su Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones o Ampliaciones (ICSARA), estableciendo que el proyecto resulta “perjudicial con la promoción del uso sustentable y estratégico del agua en la región y con la promoción de un uso responsable y seguro del territorio en relación con riesgos potenciales por amenazas naturales y antrópicas”.
Lo que se suma a los cuestionamientos por parte de la Asociación de Funcionarios del Servicio de Evaluación Ambiental (ANFUSEA), que a través de una carta abierta al director del servicio, Hernán Brücher, mostraron su preocupación por la extensión artificial del proceso de evaluación de Los Bronces Integrados, por medio de la apertura de un proceso de participación ciudadana (PAC) calificado por los trabajadores de “inoportuna”, en un contexto en que el proyecto llegaba al término de su evaluación con impactos negativos para la salud de la población y sin medidas que se hagan cargo.
En conversación con Radio Universidad de Chile, la presidenta de la Corporación Camino a Farellones e integrante del movimiento No Más Anglo, Rosanna Caldana, expresó que “esta es una mina que consume 1.380 litros por segundo y eso equivale aproximadamente a cuatro ciudades de Concepción. Es una cantidad enorme de agua en un escenario como el que estamos viviendo y como el que tenemos a futuro”.
En esa línea, apuntó que “si a eso le agregas que la mina se va a expandir tanto al oriente como poniente y, además, se va a hacer una mina subterránea, debajo del Santuario de la Naturaleza Yerba Loca, van a encontrar muchísimas napas que van a ser cortadas y que alimentan a todo el sector cordillerano”, añadiendo que “aunque ellos dicen que no van a utilizar aguas frescas nosotros sabemos que eso no es así porque Anglo American tiene un historial enorme de incumplimientos a las RCA (Resoluciones de Calificación Ambiental)”.
Además, la dirigente mencionó que incluso “Anglo American en este minuto ya está con falencias de agua, a pesar de la cantidad que consume ha tenido que comprar agua en distintos lugares, a través de camiones aljibes” e hizo referencia a una investigación de BiobioChile en la que la Superintendencia de Medioambiente formuló cargos en contra de la sanitaria Aguas Santiago Norte S.A por vender agua a Anglo American, en lugar de depositarla en el Acuífero Batuco y que llegara a los vecinos de la comuna de Lampa.
“Por cada tonelada de cobre que se procesa son 215.000 litros de agua. Entonces, eso es una aberración con el problema hídrico que tenemos en toda la Región Metropolitana y en todo Chile, que es extremadamente vulnerable al cambio climático”, enfatizó Caldana.
Asimismo, expresó que, de seguir a este paso, “no va a quedar agua dentro de 10, 15 años en la Región Metropolitana y quizá menos si es que no llueve nada. Entonces, podrás imaginar lo que va a ocurrir a nivel social si la capital queda sin agua, o sea, el estallido social va a quedar como un pálido reflejo. Las autoridades tienen que tomar consciencia, este tema ha estado muy invisibilizado porque Anglo American tiene un poder económico espantoso y ha ido cortando todo”.
En ese sentido, recalcó sus críticas contra los efectos de esta industria, señalando que “no dejan nada, en el fondo destruyen y a futuro, ¿qué va a quedar de eso? Un país desolado que no va a tener de dónde sacar nada. Da menos empleos que el turismo y no salen del esquema del extractivismo. Llevamos años en esta lucha, ya hemos tratado de visibilizar este problema, pero es muy complejo porque incluso estas empresas ocupan a organizaciones medioambientalistas para ir haciendo greenwashing”.
Por otra parte, la también miembro de la Corporación de Defensa de la Cuenca del Mapocho se refirió al recurso de protección interpuesta por la organización ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en conjunto con el diputado Humanista Tomás Hirsch y el abogado Marcos Emilfork en contra del director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, Hernán Brücher, por haber vulnerado las garantías constitucionales de igualdad ante la ley, el derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación y el derecho a la vida e integridad física.
En concreto, afirmó que “están viendo la evolución de este recurso porque encontramos que este proceso de participación ciudadana era realmente ilegal, no correspondía hacerlo. Nosotros habíamos pedido incluso en 2020 que se abriera un proceso nuevo de PAC porque simplemente había muchos temas que no tocaba la empresa y el SEA lo rechazó. Entonces, ahora viene a sacar uno a 10 días de que se apruebe o rechace el proyecto”.
Además, manifestó que las agrupaciones y las comunidades del sector están trabajando para presentar observaciones a más tardar el próximo 18 de marzo ante el SEA, de manera que “la población diga su punto de vista respecto de la contaminación, especialmente la del aire que también está relacionada con el agua y los glaciares, a raíz de este informe lapidario que hizo el Ministerio de Salud”, cuya Subsecretaría indicó que el proyecto generaría un aumento significativo en la concentración ambiental del contaminante MP-10, provocando un impacto negativo en la calidad del aire.
Fuente: Radio UdeChile
