Los puertos públicos de propiedad del Estado en calidad de concesionados se situaron como el sector con la menor inversión en infraestructura registrada y reportada ante la Corporación de Bienes de Capital (CBC), representado el 2,4% del capital total utilizado por las empresas privadas en Chile desde 2008 a 2022, según lo analizado en el último reporte del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI).
Lo anterior también se da en el marco de una histórica baja en el presupuesto destinado a la inversión en infraestructura de uso público, lo que ocurre tanto si se mide en dólares o como porcentaje del PIB, acorde a lo revelado en el quinto informativo del CPI 2005-2022.
Cabe mencionar que lo anterior fue elaborado en base a datos obtenidos de la Contraloría General de la República, la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas (MOP), memorias de EFE y Metro y los datos de la Corporación de Bienes de Capital, entre otras fuentes.
De esta forma, la inversión de las empresas privadas que reportan a la CBC sumaron el monto de USD 61.797 millones de 2008 a 2022, en donde los puertos concesionados se situaron en el último lugar al representar tan solo el 2,4%, lo que sería equivalente a USD 1.493 millones.
En este sentido, se destacaron los años 2016, 2022 y 2015 como los de mayor desembolso monetario al totalizar USD 285 millones, 238 millones y 206 millones, respectivamente. En caso contrario, las cifras más bajas se observaron en 2018, 2017 y 2008 con USD 17 millones, USD 30 millones y USD 32 millones, correspondientemente.
Al respecto, el reporte de la CPI señaló que “los puertos concesionados han representado un 2,4% de la inversión registrada por la CBC. Como se sabe, esta corresponde a la realiza por los concesionarios que operan los puertos públicos y que, según los contratos que los rigen, incluyendo obligaciones de inversión para expandir la capacidad portuaria. Los diversos puertos se han ido ampliando a medida que el comercio exterior crece, especialmente las importaciones, ya que las exportaciones han crecido muy poco en términos de volumen durante la última década”.
“En los próximos años, varias de las concesiones de los puertos más grandes del país deberán ser renovadas y se espera que los nuevos concesionarios realicen obras importantes, especialmente la relativa a la expansión del Puerto de San Antonio, la inversión portuaria más grande de la historia nacional”, complementó.
El sector dominante en términos de inversión fue el de energía, el que representó 85% (USD 52.519 millones) del total invertido por las empresas que reportan al CBC. Le siguió telecomunicaciones con 10% (USD 6.040 millones) y compañías sanitarias con 3% (USD 1.746 millones).
Infraestructura de uso público
Una histórica baja en el presupuesto destinado a la inversión en infraestructura de uso público se ha registrado en los últimos años, tanto si se mide en dólares o como porcentaje del PIB, según reveló el quinto reporte del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) 2005-2022.
Según el análisis, la inversión del Gobierno Central en infraestructura pública ha ido a la baja en los últimos años. Por ejemplo, en 2022, se invirtió en este ítem el 2% del PIB, mientras que en 2009 la cifra ascendía al 3,1% del PIB en esta área. Según el CPI, los datos preocupan si se quiere dinamizar el crecimiento del país.
“En la medida que el PIB crece y la inversión pública permanece estancada, como porcentaje del Producto, la contribución del Estado al desarrollo de la infraestructura pública disminuye en términos relativos lo que limita las posibilidades de mejorar la competitividad de la economía y la calidad de vida de las personas”, destacó Luis Eduardo Escobar, economista asesor del CPI y encargado del estudio.
Además, Escobar detalló que la disminución entre 2008-2009 y 2021-2022 es equivalente a un punto porcentual del PIB, lo que equivale a unos USD 3.000 millones anuales menos de inversión en infraestructura.
El estudio también indica que los ministerios que más invierten son Obras Públicas, lo que representa 38% del total en este ítem; Salud con el 15% e Interior (sin Subdere) con el 14% del total.
Otro dato de interés apunta a que el Gobierno Central, entre 2008 a 2022, ha sido el que invirtió la mayor parte de los recursos en infraestructura pública, con un total de USD 92 mil millones, seguido por las empresas privadas, con USD 63.819.
Comportamiento de las concesiones
También se analizó la relevancia que han tenido las Concesiones en la inversión en infraestructura. Durante el período 2005-2022, aportaron en promedio 0,3% del PIB al esfuerzo de inversión nacional, de forma que la inversión total del Gobierno más Concesiones registró un promedio de 2,8% del PIB. Los máximos de inversión con relación al PIB se alcanzaron en los años 2009 y 2015, con 3,2% y 3,1% del PIB, respectivamente.
“Después del 2009 las cifras de inversión con relación al PIB cayeron, a pesar de registrar un aumento en términos absolutos. Es decir, los aumentos en inversión fueron menores que el aumento del PIB durante esos años. Un fenómeno similar se registra a partir de 2015 pero de forma más aguda ya que la disminución de la inversión ha sido de mayor duración y su nivel ha disminuido tanto en montos absolutos como relativos al PIB, cayendo esta relación al mínimo del período en el 2022, año de un gran ajuste en el gasto público”, detalló Escobar.
El economista añadió que, a diferencia de los gobiernos de Frei y Lagos, “las últimas cuatro administraciones no parecen haber tenido la convicción política que las concesiones pueden ser un instrumento poderoso para aumentar la inversión en infraestructura, ya que desde el 2006 tanto gobiernos de derecha como de izquierda no han elevado significativamente los montos invertidos con relación al PIB. Tampoco han compensado la disminución en la inversión del Gobierno Central mediante mayor inversión por medio de concesiones”.
El año pasado, en tanto, los niveles de inversión cayeron en términos absolutos en USD 1.416 millones y con relación al PIB, de 2,5% a 2,2%. “Este nivel de inversión es similar, en términos nominales, a lo registrado en el año 2010, es decir, hace más de una década. Hay que considerar que el 2022 se ejecutó un importante ajuste del gasto fiscal, que disminuyó en 27% en términos reales lo que, como vemos, también afectó adversamente a la inversión pública en infraestructura”, afirmó Escobar.
Propuestas CPI
El CPI remarca en su informe que toma muchos años materializar los grandes proyectos de infraestructura por lo que es necesario pensar a largo plazo respecto de las necesidades futuras y la secuencia en que se ejecutarán las inversiones de forma de minimizar las demoras y asegurar su pertinencia.
Entre las propuestas que pueden ayudar en esta línea, el CPI ha planteado dos propuestas claves. La primera es instalar un Consejo Asesor Presidencial que colabore en la elaboración de anteproyectos que el país necesita ejecutar en el plazo de una o dos décadas. La idea es identificar futuros cuellos de botellas o restricciones que afectarán la productividad o las posibilidades de crecimiento futuro de modo de poder resolverlos con la debida antelación.
Una segunda línea de acción es revisar la “tramitología”; esto es, los procesos administrativos necesarios para que un proyecto se pueda ejecutar, especialmente los procedimientos de aprobación ambiental.
Por último, este año, el tema de las “fundaciones” ha puesto en el debate el ítem “transferencias de capital”, al detectarse casos de aparentes irregularidades. “Mejorar la calidad de los datos por parte del Estado es clave para mejorar la fiscalización, de modo de focalizar eficientemente los recursos para la inversión”, concluyó Escobar.
Fuente: Portal Portuario
