Luego de tres años de tramitación en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Ñuble, el proyecto Embalse Zapallar, de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) del MOP, parece entrar a su recta final, ya que el pasado 18 de octubre, el titular ingreso la tercera adenda al estudio de impacto ambiental (EIA), en la que se responden las observaciones pendientes de los servicios públicos consultados en el proceso.
El proyecto considera la construcción de una presa de 100 metros de altura en la zona alta del río Diguillín, 12 kilómetros aguas abajo de la confluencia con el río Renegado, en el límite de las comunas de Pinto y El Carmen.
De esta forma, tanto en la DOH, como en la Seremi de Obras Públicas de Ñuble, esperan que la iniciativa obtenga su aprobación ambiental en los próximos meses, probablemente, el primer semestre de 2024.
La misma convicción existe entre los regantes de la Junta de Vigilancia del Río Diguillín, quienes destacan los beneficios económicos y sociales que tendrá el futuro embalse, cuyos beneficiarios serán, en su totalidad, pequeños y medianos agricultores de San Ignacio, El Carmen y Bulnes.
El proyecto es un viejo anhelo de los agricultores de la cuenca del Diguillín, pues constituye una obra pendiente del Canal Laja-Diguillín, cuya construcción concluyó en 2008. El embalse regará 10 mil nuevas hectáreas que hoy son de secano, beneficiando a 2.335 predios pertenecientes a 1.250 propietarios.
Con una capacidad de almacenamiento de 80 millones de metros cúbicos de agua (dos veces y media el embalse Coihueco), se estima que el Zapallar representará una inversión de US$349 millones, incluyendo la red de canales, financiamiento que será abordado íntegramente por el Fisco, es decir, no será concesionado, según acordó a principios del presente año el Consejo de Ministros de la Comisión Nacional de Riego.
Evaluación ambiental
La evaluación del EIA del embalse Zapallar no ha estado exenta de dificultades. De hecho, éste es el segundo EIA. El primero, que se presentó en septiembre de 2019, fue retirado dos meses después por la DOH, para resolver las numerosas observaciones presentadas por 15 servicios públicos.
Entretanto, la oposición al proyecto, que antes se reducía a un pequeño número de familias sin voz y agrupaciones ambientalistas, ha sumado adherentes en San Ignacio y El Carmen, que incluso, han realizado manifestaciones en la vía pública.
Este segundo EIA también ha enfrentado cuestionamientos. En la primera etapa, 17 servicios públicos presentaron observaciones, lo que dio origen al primer Informe consolidado de solicitud de aclaraciones, rectificaciones y/o ampliaciones al EIA (Icsara), el 16 de diciembre de 2020.
En junio de 2021, el MOP solicitó la extensión del plazo para responder el primer Icsara, hasta el 30 de julio, tras lo cual el 29 de julio de 2021 presentó la adenda N°1 con las respuestas. Pero la adenda no dejó conformes a 11 servicios públicos.
Luego se abrió un nuevo proceso de participación ciudadana, en que se reiteraron las aprensiones de la comunidad y se generó un segundo Icsara en noviembre de 2021; por lo que el MOP presentó el 10 de marzo de 2022 una adenda complementaria con las respuestas.
En aquella nueva rueda de consultas, nueve servicios públicos presentaron sus observaciones a la adenda, las que fueron condensadas en el tercer Icsara el 19 de abril de 2022. Fue así como en octubre de 2022 se resolvió una nueva ampliación de plazo de evaluación, solicitada por la DOH, con el objetivo de responder las observaciones, hasta que, el 18 de octubre pasado ingresó la segunda adenda complementaria.
Ahora, los servicios públicos tienen plazo para pronunciarse hasta el 13 de noviembre próximo, tras lo cual, el SEA emitirá un informe para someter el proyecto a la votación por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental Regional.
Según explicó el seremi de Obras Públicas de Ñuble, Paulo de la Fuente, “en esta Adenda 3 se responde a consultas que presentaron servicios como el SAG, Conaf, Sernatur, Consejo de Monumentos Nacionales, los municipios de El Carmen y Pinto, y los ministerios de Agricultura y Medio Ambiente. No obstante, hubo dos requerimientos específicos los cuales se deben aclarar previamente, debido a que posteriormente corresponderá otorgar lo que se denomina Permiso Ambiental Sectorial (PAS)”.
Detalló que, “el primero de ellos corresponde a la Conaf, relacionado al PAS 150, referido a dos especies protegidas de bosque nativo, el Naranjillo y el Guindo Santo. La preocupación se centra en el impacto de la especie a nivel de cuenca (según la Ley N° 20.283 de bosque nativo), por tanto, el Servicio debe demostrar que dicho impacto no pone en peligro de extinción a nivel local la especie. Al respecto, en las 2 adendas anteriores se han entregado mayores justificaciones a Conaf respecto a la cuenca de estudio (relacionados con el PAS 150), reafirmando bajo esos análisis que no habrá extinción local de la especie Guindo Santo y Naranjillo”.
“El segundo requerimiento -continuó De la Fuente- dice relación con el PAS 132 (Hacer excavaciones de tipo arqueológico). Normalmente, cuando existe bibliografía y estudios previos en un territorio es posible determinar el tipo de hallazgos que se podrían encontrar, no obstante, cuando no hay mayor información se debe hacer trabajo de campo para determinar si habrá o no impactos arqueológicos. Se solicitó el permiso a CMN para ejecutar las labores de excavación de los sitios arqueológicos identificados en el EIA, pero que aún no han sido efectuadas por no tener acceso a dichos sitios, pese a que el titular cuenta con el permiso otorgado por el CMN, indicando entonces que los antecedentes del PAS 132 se encontrarían incompletos y eventualmente no se podría otorgar dicho PAS. Respecto a estas labores de excavación solicitadas por el CMN, se informa al SEA y al CMN de la no autorización por escrito por parte de los propietarios. En este caso, el MOP, como titular, se compromete a ejecutar las excavaciones faltantes una vez se cuente con los terrenos expropiados. Sin embargo, el titular no puede expropiar antes de tener la RCA”.
Licitación
En ese sentido, el seremi manifestó que, “nuestra proyección es que avance la evaluación del EIA y pasemos a la siguiente etapa con la aprobación de los respectivos PAS, mediante la obtención de la RCA para continuar con la siguiente fase del proyecto, solicitar los fondos al Ministerio de Hacienda, licitarlo e iniciar su construcción, siendo optimistas, esperamos que a fines del próximo año”.
Desde la DOH, en tanto, declararon que, “una vez que se cuenta con el EIA aprobado, se otorga una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) y ya se puede llamar a conformar un Registro Especial de Contratistas. Esto ocurre porque al ser un proyecto complejo, que requiere muchas especialidades de profesionales y de montos muy altos, a veces, una sola empresa no cumple con los requisitos y, deben agruparse entre ellas o formar consorcios, este nuevo grupo de empresas licitantes conformaran el Registro”.
Asimismo, plantearon que, “si se cuenta con la RCA a inicios del próximo año, comienzan dos procesos en paralelo, por un lado, se tramita las solicitudes de fondos y, por otro, se llama a conformar un Registro Especial de Contratistas. Dicho lo anterior, se estima que las expropiaciones pueden iniciarse a mediados del próximo año y terminado el periodo del Registro, se inicia la licitación con las empresas que lo conforman, la cual podría concluir a fines del próximo año, adjudicando el contrato en ese momento o inicios de 2025”.
Por otro lado, confirmaron que, “efectivamente, se encuentra pendiente un EIA adicional para la red de canales secundarios, ya que el actual EIA incluye el embalse (presa), el camino lateral y el Canal Matriz”, estudio que será ingresado más adelante.
Para pequeños y medianos agricultores
Desde la Junta de Vigilancia del Río Diguillín (JVRD) señalaron que están apoyando a la DOH para sacar adelante este proyecto, dado que “representa un real impacto social en comunas rurales, como son San Ignacio y El Carmen, que se han mantenido como las más pobres, según la Casen”, declaró Francisco Saldías, juez de aguas de la JVRD.
“Permitirá regar superficies agrícolas actualmente de secano, incorporando al riego 7.000 nuevas hectáreas, beneficiando a unos 990 predios de distintos pequeños agricultores, cuyas superficies en un 84% tienen menos de 15 hectáreas. Además, permitirá regar otras 3.000 hectáreas que quedaron faltantes del canal Laja-Diguillín denominadas Blancas y Adicionales en San Ignacio, El Carmen y Bulnes”, argumentó Saldías.
El dirigente afirmó que “este embalse es una necesidad de la región y del país, por cuanto permitirá una mayor seguridad hídrica, priorizando el consumo humano y el riego agrícola para la producción de alimentos”.
“Con la crecida de junio 2023, a propósito de un río atmosférico, por la zona del embalse Zapallar (en el río Diguillín) en dos días pasaron alrededor de 160 millones de metros cúbicos, es decir, la capacidad de dos embalses Zapallar. Quiero decir, que con el embalse construido habríamos atajado teóricamente la mitad de la crecida mayor”, acotó.
En ese sentido, planteó que “requerimos de una fuerza regional amplia que la empuje, para que se apruebe el estudio de impacto ambiental, tal como lo han manifestado la ministra de Obras Públicas y el ministro de Agricultura en sus últimas visitas a la región (…) El embalse Zapallar es una necesidad incuestionable, razón por la cual felicito a todas las autoridades y tomadores de decisiones que afortunadamente ahora están por construirlo. Pedimos a las autoridades regionales, con el mayor respeto, que dentro de sus competencias ambientales puedan aprobar sin observaciones el EIA, en beneficio de las comunidades”.
De esta forma, Saldías estimó que, “aprobándose el EIA, el MOP podrá iniciar el proceso expropiatorio -que esperamos sea con pleno respeto y garantías hacia los actuales propietarios – y junto con ello, la licitación de estudios y obras para su pronta construcción. De salir todo bien, se podría poner la primera piedra en esta administración presidencial, que todos esperamos así sea”.
Por otro lado, hizo hincapié en que el embalse “permitirá el riego a nuevos polos de desarrollo agrícolas rurales, tales como agua para abastecer servicios sanitarios rurales ex APR si fuese necesario, para el combate de los incendios forestales cada vez más presentes debido a las altas temperaturas, el control de crecidas del río Diguillín y un largo etcétera. En síntesis, transformará la vida de miles de familias campesinas”.
Fuente: La Discución
