La eventual aprobación de esta ley corta confirma la política del Estado de Chile por adoptar soluciones alternativas hacia nuevas fuentes de agua para abordar la severa crisis hídrica. Este proyecto corre por un carril paralelo a otra iniciativa de ley que sentará las bases jurídicas para la desalación en Chile con foco en consumo humano y riego agrícola. Fuentes consultadas señalan que actualmente existe la tecnología de punta para que el proceso se realice bajo los más altos estándares ambientales, y que las condiciones del Océano Pacífico facilitan la dilución de la salmuera que se vierte al mar tras pasar por la osmosis inversa.
El pasado 15 de noviembre, la Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía del Senado aprobó en particular y despachó a Sala el proyecto de ley (boletín 16.364-09) que modifica normas para permitir el desarrollo de proyectos de infraestructura hídrica y desalación, con el objetivo de destinar el agua procesada para el cumplimiento de la función de subsistencia y de riego.
En otras palabras, esta iniciativa de ley (que por su tramitación expedita se ha dado conocer como una “ley corta”) permite destrabar ciertas restricciones que recaían en el Ministerio de Obras Públicas (MOP) para diseñar este tipo de obras. De esta manera, se abre la puerta a la posibilidad de afrontar la crisis hídrica desde una política de Estado que promueve proyectos de desalación con prioridad hacia el consumo humano.
El problema se originó el 21 de septiembre de 2020, cuando la Dirección General de Concesiones (DGC) solicitó a la Contraloría General de la República (CGR) un pronunciamiento sobre la factibilidad de ejecutar un proyecto de desalación multipropósito con foco en consumo humano en la Región de Coquimbo bajo el mecanismo de concesiones de obra pública. El dictamen E12.012/21 de Contraloría negó tal posibilidad, afirmando que esta planta sólo podía materializarse como parte de una obra de riego, mas no para consumo humano.
Por tal razón, el Ejecutivo elaboró un proyecto de ley en función de subsanar esta restricción normativa. En sí, la propuesta modifica dos artículos del decreto con fuerza de ley N° 850 del MOP: el artículo 1, agregando un inciso que faculta al referido ministerio a desarrollar infraestructura hídrica que incluya, entre otras, a las plantas desaladoras; y el artículo 19, al que se le agrega un nuevo literal en que la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) del MOP -nombre que sucede a la Dirección de Riego- cumplirá la función de estudiar, diseñar, construir, ejecutar, reparar, conservar y operar obras, instalaciones y plantas que tengan por finalidad la producción u obtención de recursos hídricos que sean destinados, de forma prioritaria, para el cumplimiento de la función de subsistencia y, de forma residual, para fines multipropósito.
“Este proyecto de ley viene a salvar una restricción regulatoria y, a partir de ahora, la Dirección de Obras Hidráulicas puede llevar adelante por sí misma y a través del sistema de concesiones proyectos que tengan como destino el consumo humano. Le entrega al Estado de Chile más herramientas para hacer frente a la crisis hídrica”, comenta a País Circular Rafael Palacios, vicepresidente ejecutivo de la Asociación Chilena de Desalinización (ACADES).
Algo similar cree el director del Hub Ambiental de la Universidad de Playa Ancha (UPLA) y experto en desalación, Claudio Sáez, para quien la iniciativa en cuestión “soluciona un vacío administrativo a través del cual el MOP no podía llevar adelante la generación de proyectos para desalación a no ser de que fueran destinados a riego. Se amplían las facultades del MOP y esto es muy importante porque la industria desaladora se ha instalado en Chile hace más de tres décadas bajo el alero del desarrollo de la minería. Pero bajo las condiciones actuales de cambio climático y la proyección del desierto hacia el sur, la necesidad hídrica para el consumo humano y el riego no están siendo posibles de resolver por fuentes convencionales. De manera que esta ley corta ayuda a solventar esta brecha administrativa al permitir explorar otras fuentes de agua no convencionales”.
Según agrega Rafael Palacios, esta ley corta cuya discusión pasó a la Sala del Senado “es una señal política de que la desalación va a ser parte de la estrategia hídrica del Estado de Chile y va a quedar concentrada dentro del portafolio de soluciones para abordar la crisis hídrica”.
En tanto, la senadora Isabel Allende, ex presidenta de la Comisión de Recursos Hídricos del Senado y actual integrante de la misma instancia, cuenta a este medio que este proyecto “viene a solucionar un error en la norma y una interpretación que impedía que el MOP pueda impulsar obras de este tipo, que no tengan como fin abastecer el riego. Esta modificación a la ley orgánica permitirá, por lo tanto, desarrollar obras como embalses y plantas desaladoras para consumo humano por parte del Estado, desde la fase de diseño hasta su ejecución, replicando experiencias que han resultado exitosas como lo llevado adelante por Econssa en la Región de Antofagasta”.
Fuente: Pais Circular
