Presidente de la CChC, Patricio Donoso, pidió ser parte de un proceso por permisos en Estación Central. “Lo que aquí se discute tiene efectos y ramificaciones directas en la actividad”, dijo.
La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) dejó atrás las palabras y pasó a la acción. El gremio solicitó a la Justicia hacerse parte en el litigio que enfrenta a un grupo de inmobiliarias con la Contraloría por una serie de permisos de edificación en Estación Central.
“Aparece de manifiesto el deber ineludible de la Cámara de proteger a sus asociados, sus intereses y el adecuado desempeño de la actividad de la construcción”, dijo el presidente del gremio, Patricio Donoso, en un escrito presentado ante la Corte de Apelaciones de Santiago, que tramita una serie de recursos de protección presentados por compañías como Fortaleza, Inmobilia y Eurocorp, entre otras.
Las empresas buscan revertir un dictamen emitido por Contraloría en noviembre, el que señala que 49 proyectos inmobiliarios de Estación Central obtuvieron su permiso desde la Dirección de Obras Municipales (DOM) “en contravención a la normativa aplicable”, por lo que ordenó invalidar los documentos aprobados con edificación continua, es decir, torres adyacentes que coinciden en fachada.
El organismo fiscalizador ratificó una circular del Ministerio de Vivienda (Minvu) de 2016, que no permite la “edificación continua” en una zona que no tiene límite de altura, como es el caso del sector entre las calles 5 de abril, Ecuador, Exposición y las Rejas.
La resolución generó un fuerte impacto entre las inmobiliarias; incluso se ha planteado la quiebra de algunas como efecto de la misma.
“El dictamen (de la Contraloría) promueve una teoría general en torno a la aplicación retroactiva de una norma interpretativa –como lo es la DDU 313- que, de acogerse, agrega inequívoca inestabilidad a la actividad de todos los asociados a este gremio”, dijo el presidente de la CChC.
EFECTOS EN INDUSTRIA
A su juicio, los recursos presentados por las inmobiliarias “denuncian un cambio jurídico” en la aplicación temporal de las normas urbanísticas y que los anteproyectos y permisos de edificación aprobados por la DOM “son actos administrativos consolidados que generaron derechos adquiridos de buena fe”.
Añadió que la invalidación de los permisos implica acoger una teoría que “produciría incertidumbre” sobre la estabilidad de todas las autorizaciones de edificación actualmente vigentes, cuya conformidad a derecho podría cambiar en cualquier momento en virtud de la dictación de una norma interpretativa posterior.
“Lo que aquí se discute tiene efectos y ramificaciones directas en la actividad de la construcción para todos los actores del sector, así como en los principios legales y garantías constitucionales que rigen en la materia”, sostuvo el dirigente gremial.
Donoso destacó los 66 años de existencia de la CChC, periodo en el que, dijo, el gremio ha sido “un actor fundamental” en el impulso del sector construcción, promoviendo y defendiendo “el respeto a principios del ordenamiento jurídico” consagrados en la Constitución.
Pero además, dijo que parte de las obligaciones del gremio es velar por los intereses de sus asociados, entre ellos, las inmobiliarias que desarrollan proyectos en Estación Central afectadas por la decisión de la Contraloría.
“Se encuentran en juego los intereses de los asociados (…) pero además se afecta directamente a la generalidad de los miembros de la Cámara, pues los criterios del Dictamen recurrido provocan necesaria incerteza jurídica respecto de la estabilidad de las normas y criterios urbanísticos”, dijo Donoso.
Para las inmobiliarias afectadas, la resolución del ente contralor es una “vulneración de garantías fundamentales” y una afectación al “derecho a desarrollar una actividad económica lícita”.
Una visión completamente opuesta a la que tiene la Contraloría, a la que la corte le solicitó un informe y “todos los antecedentes que existan en su poder” sobre el asunto.
“Los recurrentes, al no cumplir con los requisitos legales para obtener los anteproyectos y los posteriores permisos de edificación, nunca tuvieron derecho a estos, por lo que no se aprecia de qué forma el dictamen impugnado, pudo privar, perturbar o amenazar el derecho de propiedad sobre derechos inexistentes”, dijo el organismo liderado por Bermúdez, que pidió desestimar los recursos de protección.
Añadió que “no se advierte” cómo su pronunciamiento afectaría al derecho de propiedad de los recurrentes, si se considera que el dictamen impugnado es el resultado del ejercicio de funciones propias de esa sede de control.
Fuente: J. Troncoso Ostornol
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