Matías Meza-Lopehandía representó a 6 comunidades mapuche en 2010 y patrocinó un recurso de protección contra el Ministerio de Obras Públicas. La Orden de No Innovar que presentó significó un retraso de más de un año en el inicio de las obras del Aeropuerto de La Araucanía en Freire.
Uno de los primeros nombramientos que hizo el presidente electo, Gabriel Boric, fue el de su jefe de gabinete, Matías Meza-Lopehandía. El abogado de Derechos Humanos, experto en pueblos originarios, estuvo detrás del recurso de protección contra el Ministerio de Obras Públicas (MOP) que retrasó por más de un año la construcción del Nuevo Aeropuerto de La Araucanía en Freire, provocando perjuicios económicos para el fisco de más de $6 mil millones.
En esa oportunidad, el abogado representó a seis comunidades indígenas, demostrando una trayectoria cercana con los pueblos originarios de la Macrozona Sur, que ya se había dado a conocer. Meza-Lopehandía dedicó su tesis de Derecho en la Universidad de Chile a la Comunidad Autónoma Temucuicui. Una tesis enfocada en el territorio y la autonomía de los pueblos originarios de Chile, donde respalda la recuperación de territorios indígenas, incluso en zonas que han sido dominadas por la violencia como el caso de Temucuicui, donde no rige el Estado de Derecho. En el mismo trabajo, el abogado cita a uno de los dirigentes mapuche de la comunidad, Rodrigo Huenchullán, hermano de Jorge, buscado por los delitos consumados de tráfico de drogas, tenencia ilegal de arma de fuego y municiones.
El recurso de protección fue presentado el 17 de mayo de 2010 ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en contra de la adjudicación de la concesión para la ejecución, conservación y explotación de la obra pública fiscal denominada “Nuevo Aeropuerto de la Región de La Araucanía”. El llamado a dicha licitación fue publicado por el MOP el 18 de diciembre de 2008 y fue adjudicada a la Empresa Constructora Belfi S.A. el 29 de marzo de 2010.
El recurso patrocinado por Meza-Lopezhandía buscaba dejar sin efecto la adjudicación del contrato con la Constructora Belfi y obligar al Estado de Chile a “materializar su deber de consultar a los Pueblos Indígenas contemplado en el artículo 6 del Convenio Nº169 de la Organización Internacional de Trabajo”, tratado que obliga al Estado a consultar a los pueblos originarios cuando iniciativas legislativas o administrativas los puedan afectar substancialmente. Además, solicitaba decretar una Orden de No Innovar (ONI), suspendiendo la adjudicación de la licitación hasta que fuera resuelto el fondo de la acción legal.
La Orden de No Innovar: el “gran triunfo” de Meza-Lopehandía
La Corte de Apelaciones acogió a trámite, en mayo de 2010, el recurso de protección presentado y, además, accedió a la ONI, lo que detuvo las obras del aeropuerto por más de un año.
También en mayo el MOP, representado por su entonces ministro, Hernán de Solminihac, apeló ante la Corte para que el recurso interpuesto fuera desestimado y que la orden de no innovar fuera levantada, argumentando que la actuación del ministerio se había “encuadrado plenamente dentro de las atribuciones establecidas por el ordenamiento vigente”.
En dicho informe desestimaron uno a uno los argumentos presentados por Meza-Lopezhandía -en representación de las 6 comunidades indígenas- en el recurso de protección y aseguraron que la orden de no innovar, que tenía detenidas las tareas de topografía y mecánica de suelo para que pudieran iniciar las obras, debía ser retirada. Sin embargo, el MOP no tuvo éxito en su requerimiento.
La detención de las obras, producto de la ONI, estuvo vigente por casi un año hasta el 17 de mayo de 2011. Fuentes que conocen cómo se llevó a cabo el caso en tribunales aseguran fuera de micrófono que este fue el “gran triunfo” del nuevo jefe de gabinete de Boric, ya que significó enormes costos para el fisco e implicó un importante retraso en su inauguración.
En febrero de 2011, fue el Consejo de Defensa del Estado (CDE) el que solicitó ante la Corte Suprema el alzamiento de la orden de no innovar concedido por la corte de Apelaciones el 24 de mayo de 2010, presentando 5 fundamentos para ello.
El principal argumento utilizado por la abogada procuradora fiscal del CDE, Irma Soto, fue que “el mantenimiento de la ONI causa grave perjuicio fiscal”, que fue catalogado como “difícil de cuantificar” por el organismo del Estado. Aseguraron que la suspensión de las obras -que llevaba 9 meses en ese momento- se traducía en un prolongado retraso en la construcción del aeropuerto, “perjudicando directamente tanto al Fisco de Chile, como a los ciudadanos que habitan o trabajan en dicha región”.
La concesionaria solicitó al MOP extender el plazo de vigencia de la concesión por todo el período que permaneciera vigente la ONI, sin perjuicio de las indemnizaciones que derivaran debido a tales retrasos. Además, el CDE expuso que el Fisco tenía contratos celebrados con empresas privadas, con anterioridad a la orden de no innovar, los que tuvo que cumplir. Esto significó que el Fisco debió pagar $30 millones al mes durante el tiempo que estuvo detenida la obra. La suma asciende a $360 millones en un año.
Además de dichos perjuicios económicos para el MOP, el ministerio debió enfrentar una demanda en su contra interpuesta por la Sociedad Concesionaria por discrepancias surgidas durante la construcción del aeropuerto. La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la sentencia, condenando al MOP a pagar un monto de 143.420,23 UF más intereses y aumentar el plazo máximo de concesión de 240 meses a 240 meses y 358 días. Dicho pago fue realizado el 16 de diciembre de 2019, significando un costo de más de $4 mil millones.
A su vez, los miembros de la Comisión Arbitral de la obra dictaron una sentencia que acogió parcialmente otra demanda interpuesta por la Sociedad Concesionaria, la que condenó al MOP al pago de 56.264 UF más intereses. Dicho pago de $1.593.344.155 fue realizado el 10 de enero de 2020.
En total, los perjuicios económicos para el fisco debido al retraso de las obras fueron de $6.011.593.764.
Rechazo del recurso de protección
El 31 de enero de 2011 -cuatro meses antes de que se levantara la ONI- la Corte de Apelaciones rechazó el recurso de protección deducido por Meza-Lopehandía en contra del Ministerio de Obras Públicas, asegurando que no se logró verificar “una privación, perturbación o amenaza ilegítima de las garantías constitucionales que los recurrentes estiman conculcadas”.
En cuanto al argumento de que el Estado habría incumplido el Convenio Nº169 de la OIT que lo obliga a consultar a los pueblos originarios, la Corte señaló que el Estado cumplió con la finalidad de la consulta prevista en dicho convenio, debido a que los pueblos indígenas fueron consultados durante la tramitación del Estudio de Impacto Ambiental, en el 2006. Otro de los fundamentos -compartido por el MOP- fue que el convenio rige desde el 15 de septiembre del 2009 y no tendría efectos retroactivos debido a que se aplican respecto a actos posteriores a la fecha de entrada en vigor.
El propio MOP indicó en su informe que sólo a partir del 15 de septiembre de 2009 las disposiciones del tratado son plenamente obligatorias y vinculantes para Chile, y que la calificación ambiental del proyecto fue aprobada en noviembre de 2006 y luego, la publicación del llamado a licitación del contrato fue en el mes de diciembre de 2008. “Resulta jurídicamente improcedente exigir la aplicación del artículo 6 del Convenio 169, si éste entró en vigencia recién el día 15 de septiembre de 2009, esto es, después de más de tres años de iniciado el proceso de licitación”, aseguraron en el informe realizado por esa cartera.
El caso terminó en tribunales el 17 de mayo de 2011, luego de que la Corte de Apelaciones alzara la orden de no innovar, tras el fallo de la Corte Suprema. Recién ese mes pudieron dar inicio a las obras postergadas por más de un año.
El comienzo de operaciones del aeropuerto, que tenía una fecha estimada de entrega para el año 2012, fue postergado hasta el 29 de julio de 2014, cuando el nuevo aeropuerto de La Araucanía fue inaugurado y recibió su primer vuelo, tras tres intentos.
El 22 de julio, fecha prevista para su puesta en marcha, no fue posible inaugurar el recinto debido a los daños causados por comuneros, quienes invadieron las instalaciones y provocaron desperfectos en las pistas, por lo que la autoridad aérea debió aplazar la apertura y realizar las reparaciones correspondientes. Además, las autoridades de Gobierno debieron negociar para evitar la repetición de estos hechos y aumentar la seguridad.
Fuente: El Libero
